El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría del Medio Ambiente investigar la situación de la empresa Enerall, fundada por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia y que ahora está en el ojo del huracán por malas prácticas medioambientales.
“La Secretaría del Medio Ambiente tiene que investigar, aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno,ya no pueden ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido”, dijo el mandatario.
AMLO aseguró que Romo ya no es miembro de esa empresa y que la obligación de su gobierno es investigar lo que está ocuriendo puesto que ellos no son como los otros gobiernos.
“Hay un buen escrutinio publico y esto me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo de la actitud de los conservadores, que sienta el rigor, es con todo cariño y respeto un ‘toma para que aprenda'”, dijo el mandatario.
¿Pero de qué se le acusa a Alfonso Romo?
La plataforma Connectas, una organización que apoya a periodistas para realizar investigaciones, publicó el reportaje Un cacique del agua en el paraíso maya, elaborado por los periodistas Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón.
En dicha investigación se documenta como en 2007 la empresa Enerall, fundada por Romo, realizó un megaproyecto tecnológico que obtuvo todos los permisos para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.
“Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental”, se explica en el reportaje.
Debido al daño ambiental, la Profepa comenzó a investigar la situación y además de la explotación del agua, los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme; convertido en solo fango.
Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.
Aunque la empresa ya no es dirigida por Romo, su familia sigue en ella e incluso los trabajadores de la empresa han denunciado explotación y malos tratos, por lo que piden una urgente revisión e incluso la revocación de las licitaciones.
Fuente: NACION 321
