La iniciativa de reformas a la Ley de Accesibilidad para el Estado tiene la finalidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y lograr la inclusión en cada una de las instancias a las que acuden a realizar algún trámite o servicio, señaló la diputada Karen Pérez Herrera.
Al realizar la ampliación de motivos, informó que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país existen 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, es decir, seis por ciento de la población total.
“No podemos dejar a un lado la discriminación que en ocasiones llegan a ser víctimas las personas que presentan alguna discapacidad, lo cual se presenta por falta de conocimiento o conciencia de la sociedad, situación que ha impedido que puedan disfrutar de derechos como salud, educación, vivienda y transporte, de una manera plena”, resaltó.

Por ello, Pérez Herrera consideró necesario que se establezca en el marco normativo estatal que en instancias públicas y privadas que presten servicios al público en general, realicen un mínimo de ajustes razonables a fin de lograr la inclusión y hacer más eficiente el servicio y la atención a las personas con discapacidad.

En este sentido, expresó que estos ajustes consisten en contar con un escalón universal fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores, anaqueles, sanitarios, elevadores y desniveles; además de alarmas y anuncios, o turnos en sistemas sonoros y visuales.

Así como avisos de privacidad, reglamentos, términos, condiciones y toda información legal o relevante en formatos accesibles, como lenguaje de señas mexicana, sistema de escritura braille y formatos de lectura fácil; además ventanillas y mostradores adecuados para usuarios de silla de ruedas.

Finalmente, destacó que la modificación planteada precisa las obligaciones a tomar en cuenta en espacios de uso público, más allá de si este es de naturaleza pública o privada.