San José, 4 mar (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió este miércoles a la sociedad “mesura” y “sensatez” en medio del escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), caso investigado por la Fiscalía por violación de datos personales, y por el que renunciaron tres altos funcionarios del Gobierno.
Alvarado pronunció este miércoles un mensaje desde la Casa Presidencial, acompañado por su gabinete, en el que pidió “mesura” y “sensatez”, y aseguró que el trabajo de análisis de datos se hizo para generar políticas públicas y no para acceder a información privada de la gente.
“Debemos hacer un llamado a la prudencia y a la sensatez de todos los actores: el primero es el Gobierno y por eso nos hemos puesto a disposición del escrutinio de los otros poderes tanto así que ya hay una investigación de la Fiscalía”, declaró Alvarado.
El presidente dijo que confía en el trabajo de la Fiscalía y en el debido proceso que ello requiere.
“En mi corazón hay una gran tranquilidad porque sé la verdad de lo que se ha hecho”, afirmó el mandatario.
Alvarado destacó la sensatez con la que algunos sectores han abordado el tema, pero afirmó que hay otros intereses económicos y político-electorales que también están influyendo en la discusión del tema.
“Hay una gran tensión derivada de diversos intereses entre un populismo y un sensacionalismo exacerbador, y la mesura, la sensatez y la justicia”, declaró.
El presidente reconoció que el trabajo del equipo de análisis de datos de la Casa Presidencial ha generado “incertidumbre y dudas válidas”, ante las que hizo un llamado a esperar los resultados de la investigación de la Fiscalía.
Alvarado defendió la importancia de que el Gobierno elabore políticas públicas basadas en el análisis de datos, con el fin de favorecer a las personas más vulnerables.
“El análisis de datos es clave para hacer buena política pública, no podemos renunciar como país a hacer algo bueno, a usar herramientas válidas, porque es bueno para la gente”, aseveró.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centran en su artículo 7.
“Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”, reza el señalado artículo.
El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses, y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo “errores” en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Alvarado dijo este miércoles que ha existido “torpeza política” en la elaboración del decreto y reiteró que el Gobierno nunca ha tenido la intención de violentar la privacidad de las personas, sino “contar con las mejores herramientas para hacer el bien a personas y la mejores políticas públicas”.
Por este caso renunció este miércoles el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas; y el coordinador del equipo de análisis de datos, Diego Fernández.
La Fiscalía allanó el viernes 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados, en donde decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.
El presidente Alvarado, el exministro Mora y el exviceministro de Planificación, Luis Soto, quienes firmaron el decreto, son investigados por los delitos de prevaricato (firma de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.
Los asesores presidenciales de datos Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero; el asesor legal presidencial Luis Salazar Muñoz; y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández, son sospechoso de los delitos de abuso de autoridad y violación de datos personales. EFE
Fuente: Contacto hoy
