Río de Janeiro, 11 abr (EFE).- El menosprecio hacia el COVID-19 del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que pide a la mayor parte de la población a no recluirse en sus casas por considerarlo una gripecita, puede tener consecuencias políticas y jurídicas, advierte el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.

Este exjuez y exfusilero naval, un desconocido en la política hasta ser catapultado a la gobernación del estado más emblemático de Brasil en la estela de la victoria electoral de Bolsonaro, dijo en entrevista a Efe que el líder ultraderechista puede ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a juicio político destituyente en Brasil por su actitud de menosprecio a la vida.

El dirigente del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC), que comparte con Bolsonaro su política de mano dura contra el crimen, alega no ser psicólogo como para poder pronunciarse sobre la salud mental del jefe de Estado, pero dice que esa condición tendría que ser evaluada en un posible juicio.

Pregunta: ¿Con las medidas adoptadas hasta ahora en Río de aislamiento social ya comenzó a atenuarse la curva de contagio del coronavirus? ¿Es necesario endurecer las medidas o ya se puede flexibilizar?

Respuesta: Desde que comenzamos a realizar la restricción de la circulación de las personas, el 13 de marzo, nuestra curva está comportándose de forma aplanada. Y, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para que las personas se queden en casa y sólo salgan para realizar las actividades estrictamente necesarias, hay una diferencia en lo que orientan los gobernadores de los estados y lo que pide el presidente de la República (que critica las restricciones), y eso ha dificultado mucho. Porque sabemos que en todos los países hay unión, y que el ente federativo mayor ayuda a los menores, pero aquí en Brasil no ha sido de esa forma. Hay una diferencia de tratamiento entre aquello que piensa el ministro de Sanidad (Luiz Henrique Mandetta) y lo que piensa el presidente de la República y eso puede estar incentivando a las personas a salir a la calle, lo que para nosotros es muy preocupante porque no tenemos exámenes suficientes para hacer en todas las personas y porque no estamos aún listos para enfrentar una demanda mayor de pacientes en los hospitales ni en las unidades de tratamiento intensivo.

P: ¿Como jurista considera que el discurso de Bolsonaro, y su posición de menospreciar el coronavirus, puede tener consecuencias posteriores, como alguna sanción internacional, o incluso consecuencias políticas en el Congreso brasileño?

R: Lo que he dicho es que el comportamiento de un jefe de Estado que no se adecúa a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede tener repercusiones internacionales. El Tratado de Roma incluye en su artículo de crímenes contra la humanidad el causar sufrimiento, el causar mal a la integridad física de las personas. Y ya hay una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional y eso puede ser una consecuencia de una conducta que no observa las determinaciones de la OMS.

Internamente interferir en la administración de los gobiernos regionales también puede ser una de las hipótesis de crimen de responsabilidad (el que permite abrir un juicio destituyente contra el jefe de Estado). Entonces es necesario que el presidente tenga la noción clara de que aquello que dice puede tener repercusiones políticas para él y, eventualmente, caracterizar un crimen de responsabilidad.

Eso puede ocurrir si lo que él dice (de levantar todas las restricciones) lo transforma en acciones. Hasta el momento lo que él dice no lo está haciendo de forma concreta jurídicamente.

P: En una entrevista que el gobernador (de Sao Paulo, Joao) Doria concedió a la Agencia Efe la semana pasada dijo que el presidente Bolsonaro no sólo ha perdido las condiciones políticas para gobernar sino también las condiciones mentales. ¿Usted coincide con eso?

R: No soy psiquiatra, no soy psicólogo, e incluso cuando era juez, para poder decir si una persona tenía condición de entender el carácter delictivo del hecho, necesitaba someter a esa persona a una evaluación de un profesional adecuado. Entonces no puedo evaluar si el presidente tiene problemas psiquiátricos o no porque yo no soy el profesional calificado para eso.

Pero hay algunos que, como (el jurista) Miguel Reale Júnior, defienden la necesidad de la realización de una investigación psiquiátrica (en Bolsonaro). Pero es necesario que eso sea en el marco de un proceso. Una de las hipótesis es en el marco de un proceso penal en el Supremo Tribunal Federal en la que se evalúe la inimputabilidad del presidente. Pero, como dije, yo no puedo hacer esa evaluación.

Lo que yo digo es que él está en la contramano de la historia de lo que estamos viviendo. Todo el mundo está defendiendo medidas contra el virus, con el aislamiento total de la sociedad hasta que se descubra una vacuna o se hagan exámenes, y él no está haciendo eso. Él como jefe de la Nación tiene que tomar esas providencias. Si no lo hace, la responsabilidad política será toda suya: en un juicio político destituyente o en un proceso electoral en 2022.

P: El ministro de Sanidad dijo que está negociando con narcos y milicianos para poder hacer campañas preventivas contra el coronavirus en las favelas ¿No considera que es una declaración en la que reconoce que el Estado perdió su autoridad en las favelas?

R: Yo he elogiado mucho al ministro Mandetta en todas sus declaraciones, pero en esa no puedo estar de acuerdo con él. Con los narcotraficantes y milicianos sólo tenemos una conversación: que se entreguen para que sean procesados y juzgados por sus crímenes. Las comunidades tienen una realidad que tal vez el ministro desconozca, que son las asociaciones de vecinos. Entonces conversar con esas personas va a ser mucho mejor que conversar con cualquier otra persona en la comunidad. El narcotraficante no ejerce dominio sobre la comunidad. Él ocupa un espacio y permanece escondido(…)

En nuestro Gobierno los homicidios cayeron sensiblemente. Terminaremos 2022, al final de mi mandato, con menos de 3.000 muertes por año. Es mucho, pero cuando asumimos eran 5.000 al año.

P: Pero esos resultados obtenidos en el combate a la criminalidad, según una denuncias contra el señor ante la OEA, tuvieron un costo muy elevado en cuanto al aumento e la violencia policial (mientras que el número de homicidios en 2019 se redujo un 19 %, hasta 3.995 casos, el de civiles muertos en operaciones policiales saltó un 18 %, hasta el récord de 1.820).

R: Las denuncias presentadas ante la OEA no tuvieron avance. Incluso porque son denuncias que no presentan correctamente la realidad de los hechos. Los diputados que hicieron la denuncia invirtieron la situación: quien está combatiendo el narcoterrorismo y reduciendo la criminalidad es el gobierno regional. Evidente que el narcotraficante dispara contra el policía y contra la sociedad. Y, al hacer eso, el policía intenta capturarlo o neutralizar a quien está disparando. Y muchos han muerto por ese enfrentamiento con la Policía, pero nuestro objetivo ha sido siempre hacer trabajo de inteligencia, para reducir el dinero que están recibiendo por el narcotráfico y conseguir, con inteligencia, llegar a los narcotraficantes y detenerlos.

Entonces esa denuncia ante la OEA está totalmente equivocada (…) Y los diputados que la hicieron no tuvieron éxito y avergonzaron no sólo a Río sino a todo Brasil por la falta de preparación y de honestidad con el mundo. EFE

Fuente: Contacto hoy