Ciudad de México. El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) solicitó a funcionarios estadunidenses de alto rango reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, debido a que el actual gobierno ha implementado una serie de políticas que “discriminan” a los inversionistas de ese país.

“El éxito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se basa en el marco que permite los flujos comerciales continuos y las inversiones de capital en energía. Sin embargo, nos preocupa que las acciones recientes tomadas por el Gobierno de México debiliten este marco y discriminen a los inversionistas estadunidenses en violación de los compromisos que México acordó tanto en el TLCAN como en el T-MEC”, refirió.

La API es la principal asociación comercial de Estados Unidos y representa a cerca de 400 empresas que participan en actividades de producción, refinación, distribución, entre otras actividades relacionadas con la industria petrolera y de gas natural.

La masiva va dirigida a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos; Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos; Dan Brouillette, secretario de Energía de Estados Unidos; y a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.

Según la API, recientemente el gobierno de México ha tomado acciones reguladoras que se aplican de manera “inconstante o inconsistentes con las prácticas pasadas”.

Ejemplo de ello, es que los inversores estadounidenses se enfrentan a dificultades cada vez mayores para obtener permisos para una variedad de actividades, incluidas estaciones nuevas o renombradas, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, terminales de líquidos y terminales de gas natural licuado.

“Estos ejemplos son acciones de discriminación contra las empresas miembro de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de la inversión del Trato Nacional, en los capítulos de inversión del TLCAN y el T-MEC”, precisó el instituto estadunidense.

Refirió que estos ejemplos contravienen con el compromiso mexicano en relación a un trato “no discriminatorio” en el capítulo de empresas estatales y monopolios designados del T-MEC, específicamente con respecto a lo relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo alentamos a que utilicen canales diplomáticos para relacionarse con el presidente de México y sus contrapartes a nivel de gabinete en las agencias de México para instar al gobierno de México a que cumpla con sus compromisos del T-MEC para tratar a los inversores y exportadores estadounidenses de manera justa en la víspera de la entrada en vigencia del acuerdo”, expuso.

El API afirmo que ha apoyado el T-MEC como base para desarrollar los beneficios mutuos que un acuerdo comercial sólido puede brindar, por lo que apoyan la entrada en vigor el próximo 1 de julio.

La Jornada constato con la API que la misiva es verídica y firmada por Michael J. Sommers, presidente y director general del instituto.

Los casos detectados

La API hizo un repaso sobre algunas acciones que ha tomado el gobierno de México que son discriminatorias para la inversión, y son las siguientes:

1) Las empresas inversoras estadounidenses que llevan a cabo la comercialización minorista de gasolina y diesel en México enfrentan cada vez más dificultades para obtener la aprobación de permisos para estaciones minoristas de combustible nuevas o renombradas, ya que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) prolonga los procesos administrativos para la transferencia de permisos. propiedad legal que, por regulación, se supone que debe otorgarse dentro de los 90 días.

La CRE también solicita información adicional para emitir los permisos, que no está establecida en la normativa, hasta el punto de negar dichos permisos a las empresas, después de varios retrasos.

2) Las mismas empresas enfrentan discriminación en las regulaciones entre las que se incluyen:

– Inspecciones de normas realizadas por Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que ha estado cerrando bombas en estaciones de servicio de empresas estadounidenses por infracciones menores o inexistentes para la confiabilidad de la bomba y la manguera y para la precisión de la medición. Además, Profeco ha llevado a cabo inspecciones de rutina de las instalaciones que cumplen con la presencia coercitiva de la Guardia Nacional.

– Campo de juego no nivelado, pues Pemex recibe exenciones mientras que los importadores de combustible deben cumplir con las especificaciones reguladoras (por ejemplo, diesel con bajo contenido de azufre y presión de vapor de gasolina de verano).

3) Las empresas inversoras estadounidenses también se están viendo afectadas por el nuevo requisito efectivo a partir del 1 de julio de 2020, conocido como la Política Pública de Almanecimiento de Petrolíferos. Este programa requiere un mínimo de cinco días de requisito de almacenamiento de combustibles.

Es problemático porque Pemex, de propiedad estatal, posee y opera la mayor parte de la capacidad de almacenamiento certificada, ya que algunos de los otros participantes en la industria no han podido construir nuevas instalaciones de almacenamiento debido a retrasos injustificados en la concesión de los permisos requeridos.

4) Las empresas inversoras de Estados Unidos, en la comercialización de combustibles, parte del sector aguas profundas de México, están siendo socavadas en los mercados de combustibles porque la CRE anuló, opacamente, un reglamento de precios asimétricos de diciembre de 2018 aplicable a Pemex.

La regulación fue diseñada para estar en vigencia hasta que la participación de mercado de Pemex disminuya al 70 por ciento. La participación de mercado de Pemex en el momento de la anulación todavía era superior al 90 por ciento. Esto le permite a Pemex rebajar de manera injusta y opaca los precios de los competidores extranjeros, lo que le da a la compañía una ventaja significativa en los precios posteriores.

5) Las empresas inversoras estadounidenses que importan combustibles de refinerías en los Estados Unidos están experimentando la emisión de permisos retrasados, rechazados o restringidos para gasolina y diesel importados por la Secretaría de Energía (Sener).

6) Las empresas inversoras de Estados Unidos que construyen nuevas instalaciones, una nueva terminal de gas natural licuado y una nueva terminal de almacenamiento para productos refinados, están experimentando retrasos significativos para los permisos y concesiones de infraestructura pendientes de la Sener, la Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la CRE, que ha resultado en la detención de la construcción de esas instalaciones.

Fuente: La Jornada