La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con una millonaria multa y la inhabilitación por dos años y seis meses a la empresa de distribución farmacéutica Lomedic, con sede en Jalisco y que es propiedad del ex súper delegado en ese estado, Carlos Lomelí Bolaños, quien es investigado por la dependencia por acusaciones de conflictos de interés.
De la sanción se da cuenta en una circular publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se mandata a las administraciones publicas federales, estatales y municipales no aceptar propuestas ni celebrar contratos con esa compañía por el plazo establecido de la sanción.
En una segunda circular, la SFP también informa de la sanción a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, con sede en la Ciudad de México y a la que se ha relacionado con Lomelí Bolaños.
El empresario ocupaba el cargo de súper subdelegado en Jalisco, dependiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta que se presentaron acusaciones en su contra por actos de corrupción para favorecer contratos con sus empresas, mayores a 850 millones de pesos.
La primera empresa recibió una multa de más de un millón pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Por su parte, la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses.
En septiembre del año pasado, la dependencia ya había sancionado a dos de las empresas de Lomelí Bolaños, Lomedic y Laboratorios Solfrán con una inhabilitación por dos años y una multa de un millón 51 mil 500 pesos debido a que falseó información al celebrar contratos con la administración pública.
Fuente: La Jornada
