Ciudad de México. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, aplazó la audiencia intermedia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, que se realizaría hoy, para el próximo 15 de enero de 2021, en la cual se determinaría si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para responsabilizarla de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.
A través de videoconferencia que duró 10 minutos, y en la que sólo participaron los abogados de la ex secretaria de Estado y fiscales federales, el juez de control Ganther Villar Ceballos anunció de manera oficial la nueva fecha de la audiencia que forma parte de la investigación por el caso conocido como la estafa maestra.
Hace unas semanas, Rosario Robles, vinculada a proceso en el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles, afirmó en su cuenta de Twitter que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ello, sus abogados mantienen reuniones con funcionarios de la FGR para acceder a un criterio de oportunidad.
Para esta etapa de la diligencia, la ex funcionaria solicitó al juez de distrito que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.
Zebadúa también es investigado bajo sospecha de haber sido el responsable de suscribir los contratos irregulares con empresas fachada.
A finales de octubre, el juez de control Ganther Villar Ceballos declaró improcedente la petición de Robles Berlanga de suspender la causa penal en su contra. En ese entonces sus abogados sostuvieron que el delito que se le imputa se derogó en 2006, además de que ella no suscribió los convenios, pero el juez declaró improcedente la petición y sustentó su resolución al afirmar que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso.
Fuente: La Jornada
