Al final de 2019, 70 por ciento de las 34 mil 582 víctimas de homicidio doloso fueron asesinadas con armas de fuego, más de la mitad de éstas producto del tráfico ilegal que llega de Estados Unidos. A la fecha, la tendencia sigue al alza, sin que las autoridades de aquel país hagan algo al respecto.

Los datos son cada vez más aterradores. Del total de armas aseguradas por el Ejército en México durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento fueron fabricadas en territorio del vecino del norte y 30 por ciento en Europa.

Sí, en Europa, seis países fabricaron, efectivamente, 30 por ciento de las armas que entraron de manera ilegal a México, pero de ese tanto, 87 por ciento pasaron por algún distribuidor estadunidense.

El fenómeno, cuyos datos han sido recopilados sobre todo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), advierte, por ejemplo, que de 2010 a 2018 se aseguraron 323 rifles calibre .50 en Tamaulipas y 53 en Sinaloa, pero sólo del primero de enero de 2019 al 21 de enero de 2020, la Sedena incautó 71 fusiles Barret .50 en diferentes estados. En Tamaulipas, 48; en Michoacán, nueve; en Sonora, cinco, y en Sinaloa, dos.

El fusil Barret es utilizado por más de 70 agencias de seguridad en el mundo y es capaz de perforar blindajes de tanques de guerra, aviones militares e incluso derriba helicópteros –con una de esa armas se atacó al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch–; se fabrica en seis estados del país vecino: Tennessee, Illinois, Nevada, Ohio, Carolina del Sur y Florida.

A la sazón, Guanajuato, en 2019, fue la entidad con más homicidios dolosos: 3 mil 540; 83 por ciento de ellos estuvo asociado con armas de fuego, y de 2000 a 2019, los homicidios con armas de fuego en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa aumentaron 318 por ciento, 353 por ciento y 67.7 por ciento, respectivamente.

A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico.

En cuatro estados fronterizos con México, seguro no por casualidad, existen –con datos a noviembre de 2020 que ha proporcionado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)– 9 mil 811 armerías que surten, seguramente, a buena parte de los cárteles de la droga en México.

En Texas, la mayor oferta

Desde luego, Texas es el estado con el mayor número de estos negocios: 5 mil 938. El cotidiano The Washington Post publicó recientemente un dato muy preocupante; decía que sólo en Houston, Texas, hay 5 mil tiendas donde se pueden comprar armas.

Poco antes de dejar el cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo afirmó que en todo el país circulan 15 millones de armas y 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita. Hay estudios muy serios que advierten que la esperanza de vida en México se redujo 0.5 por ciento a causa de la violencia.

Esto, aunque hasta hace un par de años una encuesta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Harvard, primera realizada en México sobre los dueños de armas, y que se aplicó en nueve de las más importantes ciudades del país, arrojó los siguientes resultados, a la pregunta de ¿qué tan de acuerdo está con la idea de que cualquier mexicano pueda poseer un arma de fuego?

En la Ciudad de México, 27 por ciento estuvo en total desacuerdo con la posesión de armas y en casi todas las ciudades consultadas la gente prefería lograr la paz que tener un arma.

Para un importante grupo de funcionarios mexicanos, el gobierno de Estados Unidos, bajo la idea de que en suelo de ese país la producción y venta de armas no es ilegal, pertrecha al narcotráfico mexicano que, además, cuenta con la complicidad de algunos agentes de aduanas, situación que tiende a corregirse, pero que aún se da, nos cuentan los funcionarios.

México requiere, según los datos que hemos ofrecido, y que están en posesión de sus autoridades, de acuerdos que pongan fin a la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos, aunque eso, principalmente en Texas, represente un atentado a las libertades. Uno de los funcionarios que más han empujado la posibilidad de lograr esos acuerdos es el canciller Marcelo Ebrard, y seguramente será un punto sobresaliente en la agenda de la nueva secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dado el problema que representa.

Es muy probable que desde el gobierno se impulse una demanda internacional para condenar y tratar de frenar, de esa forma, el trasiego ilegal de armas, y es por eso que ahora los datos sobre el ilícito en México sean cada vez más precisos y abundantes.

Diversos operativos

La información que se tiene por el momento de los “operativos” sobre tráfico de armas desde Estados Unidos dice que en 2006 se armó el proyecto Gunrunner, y con él se localizaron 12 mil armas, de ellas 7 mil 500 las presentó México. Entre 2006 y 2007 se montó el Wide Reciver, que identificó poco más de 450 armas; el mismo 2007 se dio el caso Hernández, que logró impedir que se introdujeran al país 200 armas.

En ese caso, los agentes de Estados Unidos tuvieron información de que Fidel Hernández y algunos cómplices habían comprado 200 armas para introducirlas ilegalmente a México. El hombre fue arrestado en Nogales, Sonora. Se les llevó a juicio en 2009, pero obtuvieron su libertad porque las autoridades mexicanas que habían incautado las armas se negaron a proporcionar información.

Junto con esos casos, hasta el muy conocido Rápido y furioso, se han planteado cuando menos cinco grandes operativos en los que apenas se logra recuperar algunas armas si se considera el caudal de las que llegan a nuestro país de forma ilegal.

Es muy probable que este año se marque por una intensa lucha tanto de la secretaria Rosa Icela Rodríguez como del canciller Ebrard para buscar que el gobierno demócrata de Joe Biden atienda los reclamos mexicanos, tanto como las autoridades de aquí luchan para evitar que las drogas fluyan hacia Estados Unidos.

Fuente: La Jornada