Ciudad de Guatemala, 18 mar (EFE).- La nueva Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que tomará posesión en abril por un período de cinco años, podría abrir el camino electoral en 2023 a la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, a quien se le ha prohibido su inclusión en el pasado.

La polémica designación de jueces que esperan ser investidos para la octava magistratura (2021-2026) del máximo tribunal de Guatemala ha generado varios señalamientos que van desde la cooptación del Estado hasta una presunta antidemocracia.

Una de las previsibles beneficiadas de la nueva corte es Ríos Sosa, cuya pretensión presidencial fue denegada en 2019 para los comicios que llevaron al poder al actual mandatario, Alejandro Giammattei. Con dos magistrados afines al partido político de Zury Ríos, su participación podría ser una realidad.

Ríos Sosa aspiraba a estar en la boleta electoral de 2019 acompañada del abogado Roberto Molina Barreto, actual magistrado del Constitucional y que ya ha sido designado por la Corte Suprema de Justicia para un nuevo  período, a partir de abril próximo.

La prohibición para Ríos Sosa en el pasado ha sido sustentada por  el artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala, que prohíbe que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares aspiren a gobernar la nación.

Ese argumento ha sido una cruz electoral para el caso de Ríos Sosa, cuyo padre gobernó el país con un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder entre 1982 y 1983.

En 2015, cuando Molina Barreto era magistrado del máximo tribunal, Zury Ríos logró participar en los comicios de aquel año debido a un amparo del Supremo y a la falta de posicionamiento del Constitucional, un hecho que ella siempre recuerda para defender su inscripción y para pedir “que se respete la voluntad del pueblo” sin resoluciones “absolutistas”.

Ahora, con Molina Barreto de vuelta en la alta Corte y con una nueva correlación de fuerzas, como han señalado diversos analistas, “a favor de la impunidad”, su camino pareciera estar destinado a una nueva aspiración presidencial, ahora con mayores garantías.

LA CONTRADICCIÓN LEGAL

El propio Molina Barreto le ha dicho a Efe que, aunque no sabe si ella esté planificando participar o no, está “convencido de que legalmente ella no tiene prohibición para hacerlo”.

Barreto segura que “la jurisdicción no la alcanza a ella” y recuerda que “ya participó en 2015, como además lo hizo su tío, e incluso el hijo del expresidente Jacobo Árbenz, o el nieto de (el dictador) Justo Rufino Barrios”.

El magistrado reelecto considera que “han participado parientes de quienes fueron jefes de estado (de facto), pero lo que la ley no permite es que el pariente esté en ese momento como jefe de estado”.

Pero el director ejecutivo de la organización no gubernamental Instituto 25 A, que vela por la democratización del sistema político guatemalteco, Gabriel Wer, piensa que su participación no solo es ilegal, sino que además “representa la defensa de los intereses de la impunidad”.

“Una de las máximas representantes de las redes que se quieren apoderar del Estado es Zury Ríos. Vemos en su eventual candidatura la posibilidad de que se busque darle continuidad a las políticas antidemocráticas que venían del Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) y que ahora con Giammattei se asentaron”.

Además, Wer insiste en que el propio Molina Barreto “pertenece a esa misma red. Fue vicepresidenciable de Zury Ríos y falló en contra de la sentencia por genocidio ixil en 2013 (contra Ríos Montt). (El magistrado) ha demostrado en su trayectoria que va a defender esos intereses de las mismas redes que se han excusado en lo que la ley dice para actuar”.

LA PRÓXIMA MAGISTRATURA

El proceso de elección de los diez jueces de la octava magistratura 2021-2026 del máximo tribunal guatemalteco ha sido señalado por supuestos vicios y falta de transparencia, además de haber cumplido con compromisos “opacos” y afines a la “impunidad”.

El presidente del Senado estadounidense, el demócrata Patrick Leahy, aseguró en días pasados que “en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad está bajo el asalto del Congreso y el Ejecutivo. Si los magistrados de la Corte son reemplazados por compinches de otras ramas del Gobierno, se perderá cualquier apariencia de un sistema de justicia creíble”.

El sistema de pesos y contrapesos, agrega Wer, ha quedado en entredicho y “el gran riesgo es que hay una acumulación de poder casi absoluto de estas redes encabezadas por Giammatei, que cuentan con el control de los tres poderes, además de la Corte de Constitucionalidad ahora”.

En el panorama que observa Wer está el de una “dictadura de la impunidad” cuyo único contrapeso es la “ciudadanía organizada”, que vive unas horas bajas.

Pero Molina Barreto, que regresó al Constitucional el año pasado para ocupar una vacante que dejó el exmagistrado Neftaly Aldana, cesado por enfermedad, considera que la elección de los magistrados “está normada por la ley de amparo que es de orden constitucional, y eso tal vez ha generado confusiones en algunos grupos que pretenden aplicar la ley de comisiones de postulación, cuando no lo amerita”.

Lo único que debe tomarse en consideración, subraya, es “elegir personas honorables”. También, el magistrado reelecto dice que no le consta “ningún tipo de injerencia indebida en el proceso”.

Pero Wer advierte que una designación de magistrados como la que ocurrió en semanas anteriores es “apenas una prueba de lo que viene: usar la excusa de la legalidad para perpetuar el despojo y el país antidemocrático”.

De acuerdo con expertos, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es clave para la lucha anticorrupción en el país centroamericano. EFE

Fuente: Contacto Hoy