Cancún, QR. En la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que está radicada la investigación contra Mara Hermelinda Lezama, alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia interpuesta por Flor Tapia Pastrana, de la asociación civil Opus Magnum, fue interpuesta el 8 de septiembre y ratificada el 14 de octubre de 2020.
Se trata de una denuncia ciudadana que empezó por la afectación de vecinos, pero al documentarse se dieron cuenta que se trataba de conductas relacionadas con presunto lavado de dinero.
Con pruebas documentales y testimonios de vecinos perjudicados, la denuncia señala a Lezama de ceder el patrimonio territorial a una empresa a cambio de la donación de lo que se conoce como la Casa Blanca.
En entrevista con La Jornada, la activista social dio a conocer que “denunciamos que la presidenta posee y habita en la unidad condominal 69 en Puerto Cancún, la famosa Casa Blanca“.
Sobre esta propiedad explicó que se realizó una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste S.A de C.V que la transfirió definitiva e irrevocablemente mediante el acta de cesión de derechos P. A112.433 e involucra a Buró inmobiliario América S.A de C.V.
El ayuntamiento solapó la anexión de 15 mil metros cuadrados de área protegida por Fonatur al terreno donde estaba un club con 18 mil metros cuadrados y esa propiedad de 33 mil metros cuadrados lo permuta la autoridad municipal al Buró Inmobiliario América para la apropiación de Tarjetel del Sureste.
A cambio, la alcaldesa recibió la Casa Blanca que tiene un valor de 4 millones de dólares. Las escrituras públicas de ambos inmuebles, de número 4724 y 112 403, están contenidas en las denuncias presentadas.
De manera inicial, la denuncia se presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), con el número de caso 373/2020 de 2 de julio, y de manera paralela ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero se encuentran detenidas pese a contar con documentos probatorios de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares.
El secretario técnico de la administración municipal es Higo Alday Nieto, primo hermano de Santiago Nieto, director de la UIF, quien negó la existencia de investigación a pesar de ser admitida por esa unidad investigadora.
Además, la activista presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por amenazas en su contra registradas frente a su casa, toda vez que dispararon con armas de fuego y le advirtieron que no se metiera “con la jefa”, por lo que responsabiliza directamente a Mara Lezama, a quien califica de ser peligrosa y violenta.
El mecanismo de corrupción y lavado de dinero donde hay participación de la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinoza se centra en las actividades de la empresa desarrolladora Cumpal, integrada por su esposo Omar Terrazas García, su hermano Miguel Ángel Lezama Espinoza y sus hijos Daniel Berrón Lezama, Omar Terrazas Lezama y Mara Terrazas García, a través de la cual adquieren propiedades que registran con precios subvaluados.
Una de las propiedades se encuentra en Puerto Cancún con 4 millones 800 mil pesos, otra en Yaxchilan, adquirida el 31 de agosto de 2016 por un valor de un millón 900 mil pesos, un terreno en la avenida Guayacán, comprado el 27 de abril de 2018 con un avalúo de 3 millones 400 mil pesos.
En estas operaciones ha participado como valuador el síndico municipal Heyden Cebada Ramírez y para dar fe de la compraventa el notario 62 Heyden Cebada Rivas, a la vez director municipal de Desarrollo Urbano.
Ante las denuncias públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a que “se investigue y que se aclare, y que no haya corrupción, y que no haya impunidad. Esa es mi postura. He dicho, y repito, que no establezco relaciones de complicidad con nadie y que si una gente cercana, un amigo, inclusive un familiar, comete un delito, debe ser castigado”.
Tapia Pastrana advirtió que mantendrán el seguimiento en la Fiscalía Anticorrupción porque se afectó al patrimonio municipal y federal, además de los beneficios que obtuvieron servidores públicos y particulares.
Fuente: la Jornada
