Ciudad de México. El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal revocó la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para evitar comparecer ante un tribunal del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, por una presunta falsedad en declaración relacionada con el desvío de 185 millones pesos a una universidad pública por contratos no realizados, caso conocido como la Estafa Maestra.
El ex funcionario era cercano colaborador a Rosario Robles Berlanga, privada de la libertad desde agosto de 2019 en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Las autoridades lo acusan de firmar un convenio irregular con la Universidad Francisco I. Madero de Hidalgo, al supuestamente contratar de manera ilegal servicios estadísticos que no se realizaron, en perjuicio de la Sedatu por la cantidad millonaria antes mencionada.
González Tiburcio promovió el juicio de amparo para frenar el proceso de la audiencia inicial que se realizaría el 18 de noviembre de 2020, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) presentaría formalmente ante el juez de control la carpeta de investigación que elaboró contra el ex funcionario.
Por unanimidad, el colegiado resolvió que “la citación reclamada en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar”.
Los magistrados agregaron que la juez Sandra Leticia Robledo Magaña actuó de forma incorrecta al conceder la medida cautelar, debido a que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, lo cual no causa un daño o perjuicio en contra del ex subsecretario de la Sedesol y Sedatu.
Fuente: La Jornada
