Guatemala. Más de 800 académicos, activistas, estudiantes y particulares de 20 países, entre quienes figura Elena Poniatowska, pidieron ayer en una carta abierta al gobierno y la Fiscalía General de Guatemala el cese de lo que consideran una persecución política a varios abogados acusados y detenidos por el delito de “falsedad”.
“Demandamos al gobierno guatemalteco la inmediata liberación de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello Mayen y demás presos políticos”, dice la carta, en la que también se pide que terminen las “acciones de venganza, acoso, intimidación y persecución en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales, acciones que ponen en peligro la democracia y la paz en Guatemala”.
La misiva que está firmada por personalidades como la escritora mexicana Elena Poniatowska, la investigadora estadunidense Kate Doyle y la ex fiscal general de Guatemala exiliada en Estados Unidos, Thelma Aldana, dice que las detenciones y las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores, especialmente de pueblos indígenas, amenazan la incipiente estabilidad democrática de Guatemala.
“Ponen en peligro el ejercicio pleno de los derechos y las libertades fundamentales de todo ciudadano, así como la integridad física, moral y psicológica de hombres y mujeres plenamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad”, dice la carta.
Solórzano Foppa, Argüello Mayen y otras cinco personas fueron detenidas hace una semana y el fiscal Rafael Curruchiche les acusa de haber falsificado actas en la constitución de un partido político.
Curruchiche se ha negado a explicar cuáles son sus argumentos para las detenciones. El fiscal ha sido criticado debido a su actuar en este caso, pues también tiene a su cargo investigaciones contra partidos políticos como el del ex presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito pero en el cual no hay avances ni tampoco detenidos.
Tampoco hay detenidos en una acusación pública contra el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN) por sospechas de financiamiento electoral ilícito supuestamente proveniente del narcotráfico, cuyo fundador y ex candidato presidencial, Mario Estrada, está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Varios activistas creen que el caso es una persecución política porque Solórzano Foppa, abogado y ex titular del ente recaudador de impuestos, persiguió a grandes empresarios acusados de evasión de impuestos junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que trabajó en el país 12 años desarticulando estructuras del crimen organizado, llevándolos ante la justicia.
Argüello Mayen fue investigador de la CICIG en el caso contra el ex presidente Otto Pérez Molina, quien renunció a la presidencia por acusaciones de corrupción y está a la espera de juicio.
Fuente: La Jornada
