La denuncia de Burgstaller apunta a los presuntos delitos de homicidio culposo, lesión de confianza y hechos punibles contra la vida, y va dirigida contra Abdo Benítez, así como otros miembros de su Ejecutivo, como el exministro de Salud Julio Mazzoleni, o el extitular de Hacienda Benigno López, entre otros.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso este lunes que sean los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes se encarguen del caso, según informaron los medios locales.

El documento firmado por Quiñónez para dar inicio a la investigación señala que los “supuestos hechos” podrían “tener relevancia penal”.

El país suramericano se convirtió durante los primeros meses de la pandemia en un ejemplo de gestión, por su rápida adopción de medidas, que incluyeron una cuarentena total y cierre de fronteras.

El Ejecutivo también pidió entonces un préstamo de 1.600 millones de dólares para hacer frente a los impactos de la pandemia y acondicionar el carente sistema sanitario.

Sin embargo, a medida que se fueron levantando las restricciones, los casos de coronavirus se dispararon y el sistema sanitario colapsó, con escasez y desabastecimiento de material médicos y medicamentos.

A comienzos de marzo de este año, cientos de paraguayos salieron a las calles para pedir la dimisión en bloque del Gobierno, aunque tras la destitución de algunos ministros, entre ellos el de Salud, Abdo Benítez logró mantener el puesto.

Aún así, la sociedad sigue reclamando camas en los hospitales y, sobre todo, vacunas para avanzar en la campaña de inmunización.

Paraguay superó este lunes los 10.000 fallecidos por coronavirus a causa de la pandemia, con 131 muertos más en las últimas 25 horas.

La cifra total de contagiados desde marzo de 2020 ascendió a 375.996 casos confirmados. EFE

Fuente: Contacto hoy