Morelia, Mich. El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó al Congreso local, el pasado 11 de junio, la desincorporación de seis inmuebles para que sean subastados con el fin de subsanar el déficit presupuestal que tan solo en materia educativa rebasa cuatro mil millones de pesos anuales en los últimos cinco años, señala el Ejecutivo estatal en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto.

En marzo de 2020, Aureoles pidió desincorporar otras 10 propiedades del gobierno de la entidad, en lo que pretendía obtener aproximadamente 631 millones de pesos, sin embargo, el Poder legislativo estatal a la fecha no ha resuelto.

Los inmuebles que pretende subastar el gobierno estatal se ubican en los municipios de Morelia, Arteaga, Tarímbaro, Álvaro Obregón e Irimbo. No se han dado a conocer montos de las propiedades, pero se trata de cientos de millones de pesos, apuntó la diputada local de Morena Teresa López.

El gobernador del estado argumenta en los motivos de la solicitud de desincorporación de los seis inmuebles que recibió una deuda de 17 mil 813 millones de pesos, por lo que se vio obligado reestructurarla con plazos más amplios y bajo mejores condiciones de pago, dijo.

Según información del Congreso local, entre 2018 y 2019, el gobierno del estado contrató cinco créditos a corto plazo con Banorte por un total de tres mil 900 millones de pesos, mismos que no fueron clarificados a decir de los legisladores de Morena

Los créditos bancarios, con un plazo de vencimiento de 365 días, fueron contratados sin autorización del Congreso del Estado, al amparo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que en su artículo 30 dispone que no se requiere aprobación del Legislativo cuando el monto de la deuda contratada no sea mayor al seis por ciento de los ingresos de la administración estatal, y el adeudo pueda ser liquidado tres meses antes de concluir el gobierno que contrató la deuda.

Asimismo, en noviembre de 2020, con 26 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó la iniciativa del gobernador perredista para la adquisición de una deuda por cuatro mil 90 millones de pesos.

A decir de la bancada morenista, este último préstamo fue un acto ilegal porque el gobierno del estado obtuvo la mitad de ese crédito, un año antes, de dos mil 45 millones de pesos (la mitad de lo solicitado) a pesar de que estaba en litigio. Es decir, recibió parte del préstamo que todavía no estaba autorizado.

Fuente: La Jornada