De acuerdo con el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el paquete de reformas, de ser aprobadas, “representarían un nuevo grave retroceso al derecho a la información pública, a la lucha contra la corrupción”.
“Favorecería la opacidad, debilitarían la lucha contra la corrupción y contribuirían al deterioro de nuestra democracia”, advirtió en un comunicado.
Precisó que la propuesta gubernamental plantea que la información que las instituciones deben publicar sin necesidad de que la población la solicite se pueda poner bajo reserva.
Otro punto es el de poner bajo secreto las declaraciones de patrimonio que todos los funcionarios deben hacer al inicio y fin de su gestión.
También saca a las organizaciones representantes de los periodistas, profesionales, sindicatos, empresarios y académicos de la elección de candidatos para ocupar los cargos de comisionados del IAIP.
Actualmente, estos sectores proponen ternas y el presidente de la República selecciona entre estas a los comisionados que forman el organismo colegiado.
Con la propuesta gubernamental, los candidatos serían seleccionados por los ministerios del Ejecutivo.
La propuesta también propone duplicar el plazo que tiene cada institución estatal para entregar información solicitada por los ciudadanos y otorgaría al presidente del IAIP facultades que, según las organizaciones, afecta el carácter colegiado del ente.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), estas reformas “minan” el derecho de acceso a la información pública y se suman “a las restricciones a la labor periodística promovidas desde la Administración del Gobierno de Nayib Bukele”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), señaló que las reformas propuestas “constituyen significativos retrocesos” en la transparencia y “propician mayor opacidad estatal”.
El gremio periodístico salvadoreño se ha valido de la referida ley para realizar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con diversos medios locales, el Congreso salvadoreño recibió la iniciativa presidencial, presentada mediante el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, que podría ser aprobada sin mayor discusión por la amplía mayoría del oficialismo.
No obstante, la misma no fue conocida al cierre de la sesión plenaria de este martes y publicaciones de la prensa salvadoreña señalan que el documento con la iniciativa fue borrado del sitio oficial del Congreso. EFE
