Diputados aprueban aplazar un año la entrada en vigencia
de las infracciones de tránsito a conductores que no lo
contraten.
Ricardo Pacheco, presidente de la comisión dictaminadora
destacó el apoyo a la economía de los duranguenses.
En apoyo a la economía de los duranguenses, los diputados locales aplazan hasta el
2023, la entrada en vigencia de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad contra
terceros, en el caso de los vehículos automotores que circulen por las vías terrestres de
la entidad, según lo dio a conocer Ricardo Pacheco, presidente de la Comisión
dictaminadora de Transito y Transportes.
La Ley Estatal de Tránsito y Transportes imponía la obligación de contratar el seguro a
partir del primer día del 2022, que faculta a las autoridades del ramo a establecer
sanciones a los propietarios y conductores de las unidades que no lo hicieran.
El aplazamiento no significa, explicó Pacheco, la cancelación de la obligación, ya que,
aunque en los hechos no se podrá infraccionar a quienes no lo tengan por no estar
considerado en las respectivas Leyes de Ingresos municipales para el 2022, los
automovilistas, de acuerdo a su economía, deberán contratar el seguro de daños contra
terceros.
Los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen que prorroga el inicio de
entrada en vigencia de la Reforma legal a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado,
mediante la cual los propietarios de los vehículos que transiten por las calles y
carreteras, contraten un seguro que garantice la responsabilidad civil frente a terceros.
La iniciativa que fuera propuesta por la bancada panista, y aprobada por unanimidad,
fortalece el compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones generales, “sin
soslayar la maltrecha economía derivada de la pandemia”, y que ahora se deteriora con
el alza inmoderada de los productos y servicios de la canasta básica.
Las autoridades municipales y del estado deberán socializar las enmiendas con el fin de
que los conductores conozcan la obligación que tienen, y “la gracia” de un año más para
que no se impongan multas a quienes no puedan obtener la garantía.
