Teniendo como premisa salvaguardar los derechos de las mujeres e impulsar un
sistema de justicia con perspectiva de género en Durango, la coordinadora del
Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó la iniciativa de
reformas Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado.
“Muchas mujeres se encuentran en doble o triple situación de vulnerabilidad,
porque la justicia es mucho más difícil cuando se están en pobreza, cuando se es
indígena, o se tiene alguna discapacidad”, precisó.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena propuso establecer como
requisito para ingresar y pertenecer como defensor público o asesor jurídico
actualizarse y capacitarse constantemente en materia de perspectiva de género.
Frente a los diputados comentó que quienes imparten justicia tienen en sus manos
hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual deben evitar que en el proceso
de interpretación y aplicación intervenga concepciones prejuiciadas de como son y
cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género
determinado.
“Uno de los principales problemas que tenemos en el estado, es que las
instituciones de Defensoría Pública no garantizan el derecho a una defensa legitima
en materia de perspectiva de género por la falta de capacitación de quienes
desempeñan sus funciones”, resaltó Amaya Rosales.
La legisladora resaltó que desde que inicio el gobierno de la Cuarta
Transformación, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, se
comprometió a la no discriminación, lo cual ha cumplido, gracias a la firma del
acuerdo en 2019 por la igualdad entre mujeres y hombres, donde incorporó la
perspectiva de género en las políticas públicas, lo cual constituyó un enorme
avance en materia de equidad.
De ahí, la necesidad de contar con una Defensoría Pública que promueva, exija y
luche por una impartición de justicia con perspectiva de género, para lo cual es
preciso que defensoras y defensores cuenten con las herramientas necesarias para
prestar sus servicios aplicando este enfoque de manera que pueda incidir en las
determinaciones jurisdiccionales, pero sobre todo se requiere que lo internalicen
como parte de su propio desempeño.
