En el Gobierno de Esteban Villegas, estamos poniendo orden en la Secretaría de Educación del Estado, subrayó su titular Guillermo Adame Calderón, al dar a conocer los primeros resultados del reordenamiento administrativo, donde ya fueron detectados “aviadores” y otras irregularidades, de manera inicial, en la revisión de 547 plazas.

Adame Calderón, aseguró que el Mandatario Estatal pidió se actuara de forma enérgica y justa, “que fuéramos implacables, pero siempre con pruebas y datos, para actuar siempre en apego a la ley”, señaló, al detallar que como parte de este programa de reordenamiento, inició con un trabajo en equipo por parte del personal de la SEED, quienes visitaron los 5 mil centros educativos registrados en la entidad.

Acompañado de subsecretarios, ante medios de comunicación, el funcionario expuso que se recorrieron instituciones con clave escolar, desde escuelas, oficinas y cada espacio incorporado al servicio, en los que resultaron mil 400 personas que desconocían su procedencia y de los cuales, a 547 se les suspendió el pago electrónico y se les convirtió a cheque para poderlos acercar con la autoridad y saber dónde trabajaban y qué hacían.

De esas 547 plazas, 349 son del interior del estado y 198 ya revisadas en La Laguna. De las 349, 50 personas son interinos y/o permisos, los cuales ya fueron retirados de la nómina y otros 31, no han regresado en 15 días ni reclamado su pago, por lo que se sospecha, se trata de “aviadores”.

El titular de la SEED, dijo que tan solo en La Laguna se localizaron nueve personas que no ejercían sus funciones, hay 12 en revisión, se analizan cuatro defunciones, cuatro jubilaciones y un total de 169 personas ya se indagó y pudieron probar su permanencia justificada. Entre las diversas irregularidades detectadas, fue el caso del uso de un cédula falsa, robo de cheques por personal de recaudación, además de tres denuncias por venta de plazas y hay una orden de aprehensión.

Se detectaron otras 17 personas en la Casa del Jubilado que ya no deberían estar en servicio, 42 de estos espacios, sí lograron ser justificados plenamente y actualmente hay 8 en juicio laboral, dos de ellos, sí se reinstalaron y los otros seis, ya no pudieron justificar sus excesos de faltas.

Otro de los casos fue que un trabajador ya había fallecido y cuyos familiares cobraban su pago, ahora se analiza el caso para resarcir el monto, así como el de otras dos personas que se localizaron en el extranjero, una incapacidad sin justificar y otro trabajador que no comprobó su espacio; además de estos hallazgos, hubo otras 7 personas que se presentaron a cobrar, pero no lograron demostrar su lugar de trabajo.

Finalmente, Adame Calderón, mencionó que se encontraron situaciones penosas, pero que se tuvo que proceder a realizar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, tanto en Durango como La Laguna; “nuestra intención es transformar la imagen de los trabajadores de la educación y rescatar los propios servicios en beneficio del personal y los estudiantes”.