Managua, 8 jul (EFE).- La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) exigió este miércoles a la Coalición Nacional, que aglutina a los principales grupos y partidos opositores de Nicaragua, que realice acciones concretas que lleven a la liberación de cerca de un centenar de disidentes, que permanecen en diferentes cárceles del país.

La UPPN demandó a la Coalición Nacional que “construya y ejecute públicamente un plan de acción que logre la liberación de los presos políticos”, dijo en conferencia de prensa Karen Lacayo, hermana del “reo político” Edward Lacayo, capturado hace más de un año, tras participar en protestas antigubernamentales.

Actualmente unos 97 “presos políticos” se mantienen encerrados en diferentes cárceles de Nicaragua sin recibir el beneficio de libertad condicional o indulto, que miles de reos comunes han obtenido del Gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega en los últimos años.

FAMILIARES SE SUMAN

Un llamado similar hicieron la Asociación Víctimas de Abril (AVA), y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex), compuestos por familiares de los disidentes presos.

Adicionalmente, AVA y Grex solicitaron la “intervención inmediata” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para atender “de urgencia los casos más delicados de presos políticos”.

La Coalición Nacional, compuesta por tres movimientos sociales y cuatro partidos políticos, celebró la conformación de sus estatutos a finales de junio pasado, como la base para seguir un camino, cuyo objetivo principal es sacar a Ortega del poder, preferiblemente por la vía electoral, para el “retorno de la democracia a Nicaragua”.

Los miembros de la UPPN, que en su mayoría permanecen en régimen de libertad condicional, solicitaron a los empresarios y partidos políticos que conforman la Coalición Nacional, “dejar a un lado sus intereses económicos y políticos, y demostrar que están interesados en la liberación de Nicaragua, presionando a la dictadura desde los espacios estatales que comparten con la misma”.

AVA y Grex explicaron a la Coalición que los familiares de los opositores encarcelados “no queremos que nos sustituyan, sino que nos respalden”, y solicitaron a los partidos del grupo opositor con presencia en el Parlamento, que introduzcan una propuesta de ley para la liberación de los “presos políticos”, más otra que congele los pagos por servicios básicos.

ELECCIONES Y LIBERTAD

Por su parte, la Coalición Nacional ratificó este mismo miércoles su interés en demandar a Ortega que permita la realización de elecciones “libres, transparentes y observadas”, en el menor plazo posible, tras reformas electorales que incluya la liberación de los “presos políticos”.

“Una verdadera reforma electoral requiere, como antesala, del pleno disfrute de las garantías constitucionales y del respeto a los derechos humanos contenidos en los acuerdos internacionales e incluye la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos, el cese de la represión y el retorno seguro de los exiliados”, publicó la Coalición, en un comunicado.

La gran coalición también advirtió que “las reformas electorales no son un fin en sí mismas, ellas son necesarias para lograr el gran objetivo de salir de los Ortega Murillo por vías pacíficas como paso inmediato y urgente para avanzar en la democratización de todo el Estado”, y que no aceptará “negociaciones bilaterales, secretas, o solo con partidos políticos”.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

Datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional Azul y Blanco, miembro de la Coalición, indican que, además de 97 “presos políticos”, el Gobierno de Nicaragua ha violado los derechos de 22 médicos al despedirlos por criticar el manejo oficial de la pandemia de la COVID-19, o “asediar con policías y paramilitares” las casa de 30 casas de disidentes el pasado fin de semana.

La Unidad también denunció que permanecen los “juicios viciados” contra opositores, “asesinatos” a campesinos, y que el “abandono estatal” ha propiciado la muerte de 2.087 personas por la COVID-19, 36 feminicidios en lo que va de 2020, así como el hecho de que unos 1.300 nicaragüenses permanecen varados en países vecinos y en el mar Caribe, por la negativa del Gobierno a permitirles volver a su país.

El Gobierno, que asegura que tiene una “estrategia singular” para enfrentar la pandemia, reconoce 91 muertos por la COVID-19, y 25 feminicidios en lo que va de año.

Antes de la crisis sanitaria, Nicaragua llevaba dos años en una profunda crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, miles de heridos, y decena de miles en el exilio, así como dos años de contracción económica. EFE

Fuente: Contacto hoy