Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí tiene facultades legales para auditar al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), según resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una votación dividida de tres contra dos, los ministros de dicha sala negaron el amparo promovido por el Infonavit, quien argumentaba que, por ser un organismo autónomo, y manejar recursos privados, como son las aportaciones de los trabajadores, sólo podría ser auditado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Por ello, promovieron el amparo contra el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2018, donde se anunciaba que la ASF analizaría la gestión financiera, control interno y gobernanza del instituto.

El organismo argumentaba que la ASF “carece de competencia para auditar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque no recibe recursos públicos aprobados en Ley de Ingresos ni como parte del Presupuesto de Egresos”.

Sin embargo, la mayoría de los ministros determinó que el Infonavit es un organismo del Estado mexicano y como tal puede ser auditado por la ASF, aun cuando no maneje fondos públicos pues “una exclusión del presupuesto no debe convertirse en una exclusión del control.”

La sentencia donde se niega el amparo al instituto así lo señala: “al tratarse de recursos destinados a la seguridad social con un destino específico constitucional y legal, independientemente de que sean propiedad de los trabajadores, mientras el Infonavit administra dichas subcuentas de vivienda necesariamente deben ser fiscalizados y verificados por parte del Estado”

Por ello se validó la capacidad legal de la ASF para auditar al Infonavit, entre otras cosas, para verificar “Si el numerario que se percibe por las aportaciones de seguridad social se integra debidamente a las subcuentas de vivienda, esto es, que se hagan los depósitos que corresponden.”

Esta facultad avalada por la SCJN permitirá a la ASF revisar los movimientos financieros del Infonavit durante 2018, año en el que se registró un pago injustificado de 5 mil 88 millones de pesos a la empresa Telra Realty, supuestamente por la terminación anticipada de un contrato.

A principios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República anunciaron que lograron recuperar 2 mil millones de pesos de ese dinero, los cuales fueron entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR).

Fuente: La Jornada