El gobierno de Baja California tiene un adeudo de 800 millones de pesos por el incumplimiento de entrega de las participaciones federales correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2020, dio a conocer el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz
Durante una reunión de trabajo, la mañana de este lunes González Cruz dijo que es importante que la administración estatal llegue a un acuerdo con los municipios para a entrega de recursos económicos pues están destinados a la población, en este caso la tijuanense, y “es lo justo”, consideró el morenista.
El alcalde de Tijuana solicitó la ínformación oficial a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre resultados de auditoría de las participaciones federales al considerar el registro de pagos extemporáneos del ejercicio 2019 y pagos incompletos de 2020, en particular del último trimestre.
El máximo órgano de fiscalización del país remitió información sobre los resultados de auditoría del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2019 donde dictaminó que el gobierno estatal presentó insuficiencias en la distribución, transferencia, control y transparencia de las participaciones federales.
En el informe 471-DE-GF de la ASF señala que el gobierno de Baja California careció de controles adecuados para garantizar que las transferencias mensuales a los municipios se realizan en tiempo y forma que generaron rendimientos financieros por retrasos en la administración de los recursos y el incumplimiento de pago.
Hasta el cierre de ese informe de auditoría se señala que los recursos de septiembre de 2019 del Fondo General de Participaciones no se pagaron a los municipios de Mexicali y Tijuana, así como del Fondo de Fomento Municipal del Fondo de Fiscalización y Recaudación
Los resultados obtenidos en la auditoría denominada Distribución de las Participaciones Federales al gobierno del Estado de Baja California, conforme señala el documento oficial, advierte la detección de 333 millones de pesos en ese ejercicio, los cuales están pendientes de aclaración, además que siete resultados generaron esa solicitud de aclaración, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para servidores públicos de la administración estatal y dos pliegos de observaciones.
El gobierno de Jaime Bonilla solventó tres observaciones antes de la emisión de ese informe de resultados y dijo entregar documentación relativa para el informe final.
Fuente: La Jornada
