La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña debe ofrecer una disculpa pública por haber cometido violencia política de género contra la diputada panista Adriana Dávila.

En caso no incumplir con el procedimiento determinada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados dijeron que se le impondrán a Noroña “se le impondrán las medidas de apremio correspondientes las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.

En octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron “violencia política en razón de género en su contra”.

El diputado petista aseguró en aquella ocasión: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata de personas) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo.

“A mí me parecería una ligereza que no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento político… Yo quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas… debo reconocer que cometí un error”, dijo posteriormente en conferencia.

Posteriormente, la legisladora promovió el 10 de octubre de 2019 un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y en noviembre del año pasado, el INE determinó el procedimiento sancionador.

El diputado petista dijo, en ese mes, que no pediría ninguna disculpa. “Estos del INE ya se creen la Santa Inquisición”, escribió a través de Twitter.

Fernández Noroña impugnó la resolución del INE el 30 de noviembre y el 4 de diciembre pasados a través de un juicio ciudadano y un recurso de apelación, respectivamente.

Posteriormente la Sala Superior reencauzó el juicio ciudadano a la vía del recurso de apelación, competencia de este órgano jurisdiccional.

El legislador argumentó que las expresiones se encuentran amparadas en el ejercicio de su actividad legislativa como diputado federal, que se violentó su libertad de expresión y que la denuncia no se enmarcaba en la materia electoral.

Fuente: El Financiero