Ciudad de México, 3 feb (Sputnik).- El silencioso desplazamiento forzado de casi 350.000 personas dentro de México, debido a la violencia del crimen organizado, requiere de una urgente legislación elaborada con participación ciudadana, plantean defensores de la población vulnerable.

La discusión en el Congreso legislativo representaría “un paso esencial para proteger y atender a más de 346.000 personas desplazadas internamente en el país”, plantea un documento al que ha tenido acceso Sputnik, enviado a los legisladores por una red de organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos que promueve, entre otras, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Durante décadas, ese fenómeno poco atendido por la prensa ha configurado “un escenario de invisibilidad, omisión y ausencia de un marco normativo, personas desplazadas internamente”, dice el texto.

El estudio de movimientos poblacionales generados por el miedo a los poderosos grupos delictivos dentro de las fronteras nacionales ha sido documentado con mucha dificultad y alto costo por organizaciones civiles, académicos, defensoras de derechos humanos y periodistas.

POR UN PARLAMENTO ABIERTO

La propuesta enviada a legisladores señala la enorme dificultad de “visibilizar el desplazamiento interno forzado en México y lograr su inclusión en la agenda política y legislativa, adquiriendo conocimientos y experiencias significativas a lo largo del proceso”.

Organizaciones como Periodistas Desplazados, Propuesta Cívica, el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, Servicios de Asesoría Para La Paz, y Sin Fronteras, y cientos de especialistas firmantes, son parte de las voces que protestan porque no han sido involucradas “de manera adecuada” en el diseño de iniciativas en torno al cruel fenómeno.

La solicitud enviada a la Cámara de Senadores el fin de semana pasado pide que en este país, que ha sufrido más de 215.00 muertos desde 2007, cuando comenzó la guerra frontal contra narcotraficantes y secuestradores, cuente con una ley que proteja a cientos de miles de personas desplazadas por el terror en amplias zonas sin ley.

En el marco de la reciente apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la actual legislatura, personas desplazadas internamente y defensoras de derechos humanos suplican “un ejercicio de parlamento abierto amplio y que ofrezca oportunidades de participación real” con el fin de construir una normativa para proteger y atender a esas víctimas anónimas.

DOS DÉCADAS EN EL OLVIDO

Desde 1998, comenzaron a ser notorios en este país los movimientos obligados de poblaciones enteras, hasta el surgimiento de pueblos fantasmas en zonas desoladas ante la violencia del crimen organizado, que acumula creciente capacidad de fuego y poder corruptor de autoridades, mediante millonarios sobornos.

En los procesos electorales locales, como el que se avecina para elegir 25 gobernadores y el 80 por ciento de los casi 2.500 alcaldes, se hace notable la presión de la delincuencia por controlar el poder local, con intimidaciones, ataques “quirúrgicos”, y asesinatos claramente dirigidos.

En ese lapso “se han propuesto diversos proyectos de ley y reformas en materia de desplazamiento interno forzado”, sin éxito, reseña el documento.

Solo en la actual legislatura han sido presentadas cuatro iniciativas para crear una ley general sobre desplazamiento interno forzado, y 11 más para reformar la Constitución y facultar al Congreso para legislar sobre el fenómeno.

Un proyecto más propone modificar el Código Penal y tipificar el desplazamiento interno forzado como resultado de delitos, y cinco dictámenes plantean modificar leyes especializadas que permitan incluir a las personas desplazadas internamente.

Pero en dos décadas, los gobiernos y congresistas han desoído las súplicas, ante el incómodo escenario de reconocer que este país sufre un “conflicto armado interno”, como el que han padecido países en guerras civiles como en Colombia o Centroamérica.

Mientras que México ha sido destino de caravanas de decenas de miles de refugiados hacia EEUU, que huyen de la violencia y el terror, o refugio de perseguidos políticos, los gobernantes se resisten a reconocer que atrocidades similares o peores ocurren en el territorio mexicano.

Este jueves, la organización Causa Común presentó una investigación en la que denuncia que 963 personas fueron víctimas de “atrocidades”, solo en los primeros meses del año que comienza.

En el central estado de Guanajuato se documentó la mayor cantidad de horrores, que dejaron 120 víctimas.

El reporte bimestral, titulado “Galería del horror”, detalla 158 casos de tortura, el hallazgo macabro de 56 fosas clandestinas y 115 víctimas ejecutadas por calcinamiento.

La asociación civil define como atrocidad “cualquier uso intencionado de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo y provocar terror”.

A lo largo de los últimos años, las formas de violencia fueron adoptando matices cada vez más nauseabundos, que incluyen descuartizamientos, disolución de cuerpos con ácidos, aparición de cadáveres colgados en puentes y diseminación de cabezas o extremidades en las calles de pueblos.

El objetivo de sembrar terror es acompañado con mensajes de intimidación en pancartas y todo tipo de advertencias, que obligan al silencio, a abandonar los pueblos y huir para salvar la vida.

Una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue por fin aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020.

Sin embargo, no está entre las prioridades del Senado, donde se encuentra estancada en “proceso de dictaminación”. (Sputnik)

Fuente. Contacto hoy