Ciudad de México. Los gobiernos de Norte y Centroamérica deben implementar estrategias regionales, de responsabilidad compartida y cooperación internacional, para abordar las causas estructurales de la migración en la zona, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de México, enfatizó, las autoridades deben permitir el ingreso a su territorio de personas en situación de movilidad con el fin de garantizar el acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria; y evitar que la funciones realizadas con el control migratorio sean realizadas por elementos militares.

En sus observaciones preliminares de la reciente visita virtual que realizó a México para verificar la situación del desplazamiento irregular, el organismo Interamericano manifestó su preocupación por las condiciones y riesgos para esa población, entre ellos, detenciones prolongadas y en hacinamiento, trata de personas, asaltos, extorsiones, secuestros y violaciones sexuales; discriminación; indebida atención a la salud en contexto de pandemia por Covid-19; falta de garantía a los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.

A invitación del Estado mexicano, la CIDH realizó su primera visita de trabajo virtual –debido a la pandemia— a México para analizar el fenómeno migratorio del 16 al 18 de diciembre de 2020 y del 11 al 12 de enero de 2021, a fin de obtener información sobre la situación de movilidad humana en el país, en particular sobre la realidad transfronteriza.

En sus recomendaciones tras el análisis preliminar de la información obtenida –a través de encuentros con representantes gubernamentales, de organismos civiles y de otras instancias—, la CIDH remarcó que el Estado mexicano debe asegurar que la asistencia y atención directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección se realice mediante la asignación de funciones a personal civil especializado, al igual que los procesos de control migratorio.

Señaló que se debe asegurar a estas personas el debido proceso y resolución a sus solicitudes humanitarias, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, hay que observar su interés superior y permitir acceso al territorio, cualquiera sea la documentación que tengan.

El organismo comprobó que las políticas emprendidas por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump hicieron que México adoptara estrategias similares, lo que ha hecho “más peligrosa la ruta migratoria y colocado a las personas migrantes, refugiadas o con necesidades de protección, en situación de mayor vulnerabilidad”.

Observó además un crecimiento exponencial de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), así como cambios respecto de los países de origen de quienes solicitan asilo o protección.

En el contexto de pandemia, indicó, las restricciones impuestas como medidas de contención para prevenir contagios han tenido en la población en movilidad se tradujeron en demoras prolongadas para la resolución de trámites, tanto ante autoridades mexicanas como para la población sujeta a procedimientos de asilo o de protección en Estados Unidos; limitaciones en el acceso a derechos como vivienda, alimentación, agua potable y atención en salud en condiciones de igualdad; y denuncias de hacinamiento y falta de higiene adecuadas dentro de las estaciones migratorias, estancias provisionales o espacios habilitados para ello, donde las personas aguardan la resolución de sus procedimientos en una situación análoga a la detención.

“A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH ha observado diferentes dinámicas migratorias en las fronteras sur y norte de México, lo que requiere de la implementación de medidas que brinden soluciones a las necesidades particulares”.

En el sur, destaca el aumento de movimientos migratorios desde los países de Centroamérica que buscan llegar a México para solicitar protección ahí o bien, seguir hacia Estados Unidos.

Se da detención migratoria de manera “automática y generalizada”, incluidos a grupos familiares, como respuesta al aumento de movimientos migratorios que buscan ingresar a México. Muchas de ellas en condiciones de hacinamiento y falta de higiene adecuada en los espacios habilitados para ello.

En cuanto a la inseguridad que enfrentan las personas en situación de movilidad en México, detalló que organizaciones de la sociedad civil señalaron que la situación irregular de éstas y la amenaza de una posible aprehensión, ha incentivado a los migrantes a usar rutas más alejadas y menos transitadas.

“La CIDH observa que esta situación aumenta la vulnerabilidad de las personas en movilidad y las expone a ser víctimas de robo, asalto, violencia sexual, trata de personas, secuestro, entre otros delitos. Aunado se recibió información sobre la situación de xenofobia y racismo por parte de la población en general, principalmente en contra de las personas afrodescendientes”.

En la frontera norte, agregó el organismo internacional, se resalta el impacto en México de las políticas migratorias implementadas en años recientes por Estados Unidos, los riesgos a la seguridad de las personas en situación de movilidad y las dificultades en el acceso a derechos económicos sociales y culturales.

“Sobre las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos, las organizaciones expresaron que éstas habrían obstaculizado el acceso a territorio y a procedimientos de asilo o protección en ese país. En particular, destacaron los graves efectos sobre la población en situación de movilidad de medidas como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), también conocido como Quédate en México; el establecimiento de ‘listas de espera’ para solicitar asilo en puntos de entrada oficial en ciudades fronterizas del norte de México; y la expulsión inmediata de personas mexicanas, guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas a México bajo el Título 42 del Código Federal estadunidense (por medidas de salud debido al Covid-19)”.

La CIDH agregó que recibió información de que las expulsiones bajo el Título 42 “se estarían realizando en altas horas de la noche y madrugada y en puntos de internación que no cuentan con servicios adecuados de atención, como Puerto Palomas, Chihuahua y Sásabe, Sonora”. Es de destacar, que ésta medida es la única implementada por la administración Trump que el gobierno de Joe Biden mantiene hasta ahora.

En relación con la inseguridad física en este punto de la frontera, el organismo Interamericano recibió información sobre una posible situación de secuestros sistemáticos de personas sujetas a MPP, en particular en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y sobre la precaria situación humanitaria y de seguridad del campamento en Matamoros, la cual “habría empeorado durante la pandemia por Covid-19”. Sobre este campamento, se debe recordar que se levantó hace unas semanas luego que la gran mayoría de quienes ahí se refugiaban ingresaron a Estados Unidos como parte de la cancelación del MPP decretada por Biden.

Fuente: La Jornada