En un comunicado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) recordaron que el juez sexto de distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, concedió una suspensión provisional a la firma “para exentarla” del decreto presidencial que busca eliminar en México el uso del glifosato y el maíz transgénico para 2024.

Las organizaciones, que demandan al Gobierno una política de atención al campo mexicano, denunciaron que esta suspensión atenta contra el interés general, los derechos humanos de la población mexicana a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación adecuada.

Además, dijeron que la decisión privilegia los intereses particulares de la corporación Bayer-Monsanto, comercializadora del herbicida.

Por ello, llamaron al juez “a demostrarle a la nación que no está al servicio de Monsanto rectificando la resolución definitiva”, que se podría dar en la sesión del 25 de abril.

Señalaron que hasta ahora, de 10 recursos de amparo admitidos, en 6 casos la suspensión provisional fue negada y en 2 más la suspensión definitiva fue denegada.

Las ONG dijeron que el juez Rebolledo “es el único que ha otorgado la suspensión, por ahora provisional, con base en argumentos que han sido probados como falsos”.

De acuerdo con la información pública, el juez argumentó que “de no darse la suspensión habría un perjuicio social, pues hay riesgo de afectar la producción agroalimentaria, así como la seguridad y soberanía alimentaria”.

Además, ello “provocaría mayor importación de maíz y sus derivados para satisfacer las necesidades de la población”.

Las organizaciones señalaron que estos argumentos “son falsos, ya que los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores que sus equivalentes no transgénicos”.

Por otra parte, recordaron que la tolerancia al herbicida glifosato “no aumenta el rendimiento de los cultivos; por el contrario, los debilita especialmente ante el cambio climático y los hace más vulnerables a las plagas, que se vuelven más resistentes requiriendo mayores aplicaciones”.

En México, el uso de glifosato se contrapone a objetivos de los programas de calidad del aire y las estrategias de conservación de la biodiversidad desarrollados por Gobiernos estatales, impulsados por la Federación.

EL DECRETO

El glifosato no podrá usarse en México a partir de 2024 por sus posibles efectos en la salud y el medioambiente, al tratarse de un producto clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los humanos”.

La prohibición, ratificada con un decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020, despertó críticas de los empresarios agroindustriales, pese a que el herbicida está prohibido o restringido en numerosos países.

Es ilegal usarlo en varios territorios de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, España y Nueva Zelanda, y las restricciones están extendidas por América, Europa y Asia.

El decreto referido establece también que a partir de su entrada en vigor la administración pública federal debe abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar el glifosato. EFE

Fuente: contacto Hoy