El ambiente de incertidumbre en el país —provocado por cambios regulatorios repentinos, reversión de políticas, la salud financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el débil apoyo fiscal durante la crisis del covid-19— eleva el costo de hacer negocios en México, señala un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe anual sobre el clima de inversión en el territorio mexicano indica que “la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México”.
El reporte observa que los esfuerzos recientes para revertir la reforma energética de 2013, incluida las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica — que prioriza la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, “aumentan aún más la incertidumbre”, factores que “elevan el costo de hacer negocios en México”.
Aunque reconoce que debido a la estabilidad macroeconómica, el gran mercado interno, la creciente base de consumidores y la mano de obra calificada y barata hacen del país atractivo para invertir, “los cambios normativos recientes han creado dudas sobre el clima de inversión, en particular en los sectores de la energía y la gestión de las pensiones del empleo formal”.
Recordó que los flujos de inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos ascendieron a 29.1 mil millones de dólares el año pasado, monto que se tradujo en una contracción de 11.7 por ciento frente al dato de 2019.
Apuntó que si bien la reforma en el sector energético abrió a la participación de privados, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre firmas privadas.
“Los cambios han llevado a empresas privadas a presentar demandas en tribunales mexicanos y varias están considerando el arbitraje internacional”, dijo.
Destaca que decenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han solicitado medidas cautelares contra las medidas que discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico.
El reporte señala que si bien se detuvieron las rondas en el sector petrolero, los inversionistas continuaron con los proyectos, aunque ahora hay desánimo debido a que Pemex disputa con Talos Energy la operación del megayacimiento Zama.
Subrayó que “los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético” y por debilitar la autonomía política de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora Energética.
Por otro lado, señala que la corrupción aún existe de muchas formas en el gobierno y el sector privado. “La complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos criminales es una preocupación importante”, subrayó.
“La corrupción continúa afectando la aplicación equitativa de algunas regulaciones”, agregó.
Fuente: La Jornada
