Ciudad de México. Los representantes de los diferentes gremios empresariales del país señalaron que el gobierno federal “cerró las puertas” a las propuestas que hizo la iniciativa privada para reactivar la economía ante el impacto que tendrá la pandemia de Covid-19, no obstante, aseguraron que continuarán buscando alternativas pensando en los trabajadores.
En videoconferencia, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el sector empresarial, de forma responsable y buscando unidad, ha presentado propuestas que no han sido aceptadas por el gobierno.
“No es nuestra culpa que no hayan sido aceptadas, pero pese a la puerta cerrada, pero seguiremos buscando soluciones para proteger los empleos, los salarios y a las empresas más pequeñas”.
Indicó que en este contexto no habrá inversiones en los próximos 90 días, por lo que hay que buscar cómo reactivar la economía en los siguientes meses.
Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, hizo un llamado a que no haya división nacional, dado que urge un gran pacto nacional donde participen todos, el cual debe estar a la altura de la crisis más severa que enfrentará esta generación.
“Hay que evitar una tormenta perfecta, de no tomar medidas adecuadas se viene una década de recuperación con la pérdida de más de millón de empleos”, advirtió.
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señaló que los primeros efectos de la crisis ya están dando en el país, pues hasta el momento los comercios arrastran una pérdida de 243 mil millones de pesos.
Sólo en la Ciudad de México, dijo Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la CdMx, se pierden 2 mil millones de pesos diarios.
Sobre la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear 2 millones de empleos en los próximos 9 meses, Carlos Salazar señaló que nunca se ha creado una cantidad tan importante de plazas laborales, además de que la gran mayoría las generan las empresas, no el gobierno.
Fuente: La Jornada
