A fin de evitar que toda correspondencia o comunicación dirigida a la Comisión de
Derechos Humanos sea objeto de censura por parte de funcionarios y servidores
públicos de los centros de detención o reclusión, el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, propuso la modificación del artículo 38 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.
Fue el diputado José Luis Rocha Amaro quien a nombre de los legisladores del PAN
propuso esta iniciativa considerando que quienes se encuentran privados de su
libertad tienen derecho a que se les reconozcan y respeten sus derechos humanos,
como a cualquiere que no se encuentre en situación de cárcel.
Al dar a conocer la propuesta en la máxima tribuna del estado, Rocha Amaro
especificó que la iniciativa prevé que, en caso de conocimiento de censura o
interferencia en las comunicaciones dirigidas a la CEDH, ésta deberá dar parte a la
autoridad competente para que se finque la responsabilidad y sanción
correspondiente.
“Nuestra constituciones -la que rige la vida nacional, así como la local-, expresan
claramente que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a
los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad…”, argumentó el legislador en su intervención, por lo que la falta de
respeto a su dignidad y acciones que impidan una adecuada reinserción a la
sociedad, pueden ser motivo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
“Encontrarse en calidad de reclusos, no merma, ni disminuye su calidad y el ejercicio de otros derechos humanos, ni las prerrogativas que le concede la ley; siguen teniendo derechos que deben ser respetados como la facultad de queja por la posible violación a dichos derechos, misma que podrá presentarse de forma oral, por escrito o incluso por lenguaje de señas y podrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica”, concluyó Fernando Rocha
Amaro.
