PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron, al considerar que no busca eficientar la impartición de justicia y, por el contrario, somete al Poder Judicial en detrimento de los ciudadanos. 

La Legislatura del Estado de México avaló la reforma judicial federal, por mayoría de votos, mientras empleados de ese Poder se manifestaban a las afueras de la sede del Congreso local para pronunciarse en contra. 

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se opusieron, al considerar que no busca eficientar la impartición de justicia y, por el contrario, somete al Poder Judicial en detrimento de los ciudadanos. 

Con 54 votos a favor, 20 en contra, y la abstención de la priista Paola Jiménez, el Estado de México, gobernado por la texcocana Delfina Gómez, una de los mandatarios más estimados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la décimo novena entidad en avalar los cambios, como parte del Constituyente Permanente. 

Para agilizar la aprobación, la mayoría morenista propuso la dispensa de trámite de la minuta, pues el 05 de septiembre pasado apenas asumieron su encomienda los nuevos diputados locales y aún no se encuentran integradas las comisiones de trabajo, lo que además aplazaría el análisis. 

Durante la discusión, Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apeló a la división de poderes plasmada en la Constitución, como mandato máximo para garantizar el equilibrio y los contrapesos; y advirtió que la reforma vulnera la autonomía del Poder Judicial. 

Alertó que la designación de magistrados y jueces por voto popular no garantiza que los seleccionados cumplan con imparcialidad, menos que sean los más aptos para desempeñar el cargo, pues no pondera experiencia y perfil, y menos contempla la carrera judicial. 

Juan Zepeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que la minuta del Senado no es la solución porque no esgrime una reforma integral que surja de escuchar ampliamente a todos los sectores de la sociedad para perfeccionar el marco jurídico. 

Los cambios, prosiguió, son “producto del odio y del rencor; quieren someter y dominar al único Poder que el Ejecutivo no tenía bajo su influencia”; y criticó las formas en que se logró la mayoría en el Senado. 

Alertó sobre la intromisión del crimen organizado en la elección de juzgadores, pues en el sur de la entidad ni los partidos políticos pueden proponer candidatos para que libremente los elijan los ciudadanos; y recordó que a MC le amenazaron abanderados en esa región. El decreto, alertó, expone a quienes van a participar y existe riesgo de coacción de la voluntad popular. 

Planteó la posibilidad de que algunos Congresos locales hayan violado el procedimiento parlamentario al aprobar la minuta, pues la ratificaron sin que hubieran pasado las 24 horas a partir de la notificación del aval por el Congreso de la Unión. 

Pablo Fernández de Cevallos, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma no detalla cómo garantizar que los perfiles de los candidatos sean los ideales, el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y el presupuesto para implementarla. 

Desde su punto de vista, pone en riesgo la estabilidad del sistema jurídico mexicano, afecta la certeza de inversionistas y ciudadanos, atenta contra el bien común, beneficia a unos pocos y deja fuera a los muchos. 

FUENTE: Con información de PROCESO