San José, 24 feb. (EFE).- La Fiscalía de Costa Rica informó este lunes que ha recibido dos denuncias contra el Ejecutivo por la creación de una unidad de análisis de datos mediante un polémico decreto que permitía la recopilación de datos “confidenciales” y que fue derogado el pasado viernes en medio de un escándalo político.
La Fiscalía confirmó la recepción de dos denuncias, las cuales serán analizadas por la fiscal general, Emilia Navas, pero hasta el momento no hay una investigación abierta por el asunto.
El abogado y excandidato presidencial Juan Diego Castro anunció que interpuso una denuncia por los delitos de violación de datos personales y de prevaricato (firma de resoluciones ilegales) en contra del presidente del país, Carlos Alvarado, su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y otros funcionarios del Ejecutivo.
Castro aseguró que la fiscal Navas debe allanar de inmediato la Casa Presidencial y decomisar los equipos y documentos de la unidad de análisis de datos.
La otra denuncia la interpuso la abogada Gloria Navas contra los funcionarios que firmaron el decreto.
Tras duras críticas de los partidos de oposición, el Gobierno de Costa Rica derogó este viernes un decreto mediante el cual creaba una Unidad Presidencial de Análisis de Datos y le facultaba a recopilar información de los ciudadanos, incluida la considerada “confidencial”, con el objetivo de crear “políticas públicas basadas en estadística”.
El artículo más polémico del decreto es el 7, el cual indica que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
Y agrega que “también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD”.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, reconoció este lunes que hubo un “error” en la redacción del artículo 7 del decreto y asumió su responsabilidad al no detectar las implicaciones de la frase “información de carácter confidencial”.
En la sesión de este lunes en el Congreso, la oposición política lanzó duras críticas al Gobierno y acordó crear una comisión investigadora y llamar a una comparecencia al ministro Morales en los próximos días.
El Gobierno asegura que el decreto buscaba oficializar un equipo de análisis de datos que trabaja desde hace más de un año con datos macro de sectores como educación, cárceles e infraestructura para generar políticas públicas.
El ministro Morales sostuvo este lunes que en ningún momento el equipo de análisis de datos ha recopilado datos sensibles, confidenciales o personales de los ciudadanos, y que tampoco el decreto tenía como fin avalar el acceso a esa información. EFE
Fuente: Contacto hoy
