*.-Pide suficiente personal médico, medicinas e insumos en hospitales
El PRI, en voz de su presidente nacional Alejandro Moreno, presentó cinco propuestas al Gobierno Federal para apoyar y proteger a las comunidades indígenas y afromexicanas ante la eventual llegada del coronavirus (COVID-19), dio a conocer Luis Enrique Benítez Ojeda, dirigente de este instituto político en Durango.
Indicó que también destaca en estas propuestas, la creación de un Fondo Económico de Emergencia a fin de garantizarles por un periodo mínimo de 90 días la adquisición de alimentos y, en general, la despensa básica.
Benítez Ojeda indicó que también se está pidiendo a las autoridades del país garantizar el suficiente personal médico, medicinas e insumos en las clínicas y hospitales que se determinen, para brindarles atención ante los efectos del COVID-19.
El presidente estatal del PRI expresó que los 128 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena del Gobierno Federal ubicados a lo largo del país, presenten un Plan de Apoyo de Emergencia y recursos para proteger a la población indígena y afromexicana ante la eventual llegada del COVID-19.
Además, se está proponiendo, dijo, que se garantice el abasto de personal médico, medicinas e insumos como gel antibacterial, guantes quirúrgicos, cubrebocas de carbono o similares, jabón, limpiadores y desinfectantes, en las clínicas y hospitales que se determinen para brindar atención a los pueblos y comunidades indígenas y población afromexicana ante los efectos del COVID-19.
Expresó que la información relativa al COVID-19 debe ser traducida en las 68 lenguas indígenas del país, y que de igual manera sean las radiodifusoras sociales, comunitarias y de manera preponderante las radios indigenistas, las que difundan en las lenguas originarias, información preventiva y de logística.
El PRI también urgió, comentó Benítez Ojeda, a que se implemente una estrategia de prevención de contagios específica para las poblaciones indígenas y afromexicanas, que regule el paso de personas provenientes de otras regiones del país o del extranjero, mediante un control sanitario, elaborado conjuntamente con las autoridades tradicionales, así como las autoridades formales de los tres órdenes de gobierno, que sea real, efectivo, culturalmente pertinente y adecuado a cada comunidad o población indígena del país.
