Guanajuato, Gto. En un año aumentaron 28.5 por ciento las quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) y el organismo emitió 35 recomendaciones por desapariciones forzadas.
En el año 2019, la PDHG integró mil 188 expedientes de queja, señaló el ombudsman, José Raúl Montero de Alba, en el informe que entregó, este jueves, al Poder Legislativo.
El procurador de los Derechos Humanos destacó que emitió 17 recomendaciones al gobierno de Celaya, nueve al de Comonfort y nueve al de Cortazar por la desaparición forzada de siete personas.
“Es importante señalar la necesidad de instrumentar acciones encaminadas a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición”, resaltó.
Montero de Alba destacó que el año pasado integró 264 expedientes más, que los abiertos en el 2018, lo que representa un incremento del 28.5 por ciento.
Del total de las quejas, 241 fueron contra la FGE; 147, contra la SSP; 110, contra la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y 67, contra la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).
El ombudsman reveló que en el caso de las autoridades municipales, el gobierno de León fue el más denunciado, con 85 quejas; Celaya, con 53; Irapuato, con 50; San Miguel de Allende, con 36; Guanajuato capital, con 29 y Acámbaro, con 25.
Las principales violaciones fueron por el ejercicio indebido de la función pública, al derecho a la integridad física, al derecho a la seguridad jurídica, al derecho a la libertad personal y al derecho de protección a la salud, enumeró.
Del total de las quejas, se emitieron 376 recomendaciones, 198 fueron para autoridades municipales y 178 para autoridades estatales. Todas las recomendaciones fueron aceptadas.
“Las principales violaciones que derivaron en las Recomendaciones, fueron: a la integridad física; a la seguridad jurídica; la desaparición forzada; a la libertad personal y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, señaló Raúl Montero.
Evidenció que derivado de las recomendaciones causaron baja 98 funcionarios; amonestados 90; arrestados, 18; cesados, 13; apercibidos, 13; con notas malas en expediente, nueve; multados, cinco; separados del cargo, tres; con sanción económica, tres; y con llamada de atención, dos.
Fuente: La Jornada
