Moscú, 20 ago (EFE).- Las autoridades bielorrusas iniciaron hoy un proceso penal para disolver el consejo coordinador de la oposición, encargado del traspaso pacífico del poder y que aglutina a los principales enemigos del presidente, Alexandr Lukashenko.

“La creación y las actividades del consejo coordinador están encaminadas a tomar el poder del Estado y dañar la seguridad nacional de Bielorrusia”, informó Alexandr Koniuk, fiscal general bielorruso, a la prensa.

CAUSA PENAL

La fiscalía abrió una causa penal contra el órgano opositor, que celebró esta semana su primera reunión y cuyos miembros podrían ser condenados a cinco años de cárcel en virtud del artículo 361 del código penal.

Según dicho artículo, se castiga tanto los llamamientos a tomar el poder, como el hecho de dirigirse a otros países u organizaciones internacionales para que lleven a cabo acciones que dañen la seguridad nacional.

“La creación de dichos órganos no está contemplada por la legislación. Y su actividad es anticonstitucional. Al entender la ilegalidad de sus acciones, algunos ciudadanos anunciaron su salida del consejo y su desacuerdo con sus actividades”, agregó el fiscal.

Lukashenko la tomó en sus últimas intervenciones con el consejo, al que acusó abiertamente de intentar hacerse con el poder, romper las relaciones con el Kremlin, prohibir la lengua rusa y echarse a los brazos de la Unión Europea y la OTAN.

Al poco de que la Fiscalía anunciara la causa penal, el Comité de Instrucción comunicó el inicio de una investigación.

LA OPOSICIÓN DEFIENDE EL CONSEJO COORDINADOR

El jurista Maxim Znak, miembro del presidium del consejo, respondió a la causa penal negando que sus miembros hubieran violado la ley.

“El consejo prosigue su trabajo. Ni en los documentos ni en las actividades del consejo hay elementos ilícitos. El consejo expresa la postura cívica de la sociedad. Por el momento, aquí eso no es un crimen”, aseguró.

Al mismo tiempo, Znak reconoció que las autoridades tienen “numerosos instrumentos” para dificultar las labores del consejo y admitió que justo después de que Lukashenko amenazara con disolver dicho órgano algunos miembros lo abandonaron “a la vista de los riesgos”.

La que no se fue, aunque no participó en su primera reunión por enfermedad, fue la premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich, enemiga acérrima de Lukashenko, al que siempre ha considerado un adalid de los métodos de represión estalinistas.

También integran el presidium del consejo el antiguo ministro de Cultura, Pável Latushko; la dirigente opositora María Kolésnikova y uno de los coordinadores de las huelgas en las fábricas estatales, Serguéi Dilevski.

DIÁLOGO SOBRE DEMANDAS POPULARES

Además, el Consejo remitió a la Fiscalía una solicitud para celebrar una reunión “urgente”, “con el fin de abordar las demandas de la mayoría de los ciudadanos de la República de Bielorrusia”.

Las principales demandas opositoras a Lukashenko son que reconozca que las elecciones presidenciales del 9 de agosto no fueron válidas, algo que ya hizo el miércoles la UE, y que convoque nuevos comicios “que respondan a las normas internacionales”.

Además, exigen “el cese de la violencia y las persecuciones políticas por parte de las autoridades, y la apertura de una investigación en conformidad con las leyes”, la liberación de los presos políticos y el pago de compensaciones a todos los afectados.

Han dejado de presentarle a Lukashenko un ultimátum para que abandone el poder e insisten en que no buscan cambiar el orden constitucional ni modificar la política exterior del país.

“El mandato del actual presidente expira el 5 de noviembre”, explicó Kolésnikova.

HOJA DE OLIVO

Kolésnikova insistió hoy en que la clave para el arreglo de la crisis es la convocatoria de nuevas elecciones después de que cambie totalmente la composición de la comisión electoral central, dirigida por Lidia Yermóshina desde 1996.

Y, aunque resaltó que Lukashenko “perdió” los comicios pese a las “burdas falsificaciones”, tendría derecho a participar en los nuevos comicios presidenciales.

“Partimos de que cualquier ciudadano de Bielorrusia debe tener derecho a participar en las elecciones. No debe haber ninguna traba para ello. Pero no creemos que Lukashenko lo acepte”, señaló.

A su vez, Latushko destacó los “pasos” hacia el diálogo que han dado las autoridades, en alusión a la propuesta de Lukashenko de reformar la Constitución para limitar sus poderes.

“Ese ya es el primer paso para unas negociaciones. (El diálogo es) Difícil, pesado y contradictorio, pero ya está en marcha. No podemos no hacer realidad las aspiraciones de la mayoría de bielorrusos, los millones que salieron a las calles en las últimas semanas”, dijo.

Latushko, que fue expulsado como director de un teatro en Minsk por apoyar las protestas, subrayó que el consejo coordinador es la plataforma que defiende la expresión de la voluntad popular de los bielorrusos.

CAMBIO, SIN REVOLUCIÓN

El ministro de Exteriores bielorruso, Vladímir Makei, admitió que el país “necesita cambios”, pero no al precio de una revolución.

“Necesitamos cambios, nadie lo niega. Pero no con el precio del enfrentamiento civil o una revolución. En dicho caso, las víctimas y las consecuencias negativas serán varias veces mayores”, dijo. Advirtió que el país “ha retrocedido varios años” debido a los acontecimientos de las últimas semanas.

“Nuestro país no se lo merece”, indicó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Víctor Jrenin, aseguró que el Ejército está dispuesto a defender la soberanía e integridad territorial del país, después de que Lukashenko movilizara a las tropas en la frontera con la OTAN.

“Puedo decir con seguridad que las Fuerzas Armadas están preparadas, su moral es alta y están dispuestas a cumplir con su misión. Todos somos bielorrusos. Esta es nuestra tierra y no se la entregaremos a nadie”, apuntó.

La oposición, que congregó a 200.000 personas el domingo pasado en una marcha pacífica en la capital, tiene previsto convocar una gran manifestación el domingo en Minsk y otras ciudades de esta antigua república soviética. EFE

Fuente: Contacto hoy