Panamá, 7 sep (EFE).- La empresa española FCC negó este lunes ante una comisión del Parlamento de Panamá que haya “incumplido” con un contrato de más de 554 millones de dólares para la construcción de un gran hospital en este país, y aseveró que el retraso de más de cinco años en las obras se debe a causas “no atribuibles” a la multinacional.

El proyecto en cuestión es el de la Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, que se comenzó a construir en 2012 para entregarse en 2015 pero solo lleva un avance del 65 %.

Esta obra es investigada por la Justicia española luego de que exdirectivos de FCC admitieran que la empresa pagó sobornos para adjudicarse la licitación durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

“Ustedes están dando por hecho que nosotros no hemos cumplido con los plazos, y sí quiero manifestarles que la empresa no ha incumplido en ningún momento el contrato suscrito entre las partes”, declaró el representante legal de FCC, Isaac Figueroa, ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

El contrato “originalmente tenía un plazo de ejecución de 36 meses a contar desde el 24 de agosto de 2012, es decir, hasta el 24 de marzo de 2015, tal plazo se ha extendido y prorrogado por causas no imputable al FCC o contratista conforme está consagrado en nuestro contrato”, manifestó Figueroa.

Añadió que “la empresa en ningún momento ha detenido la construcción” y que solo “hubo dos momentos en que las obras fueron suspendidas”, el primero por una huelga sindical en 2018 y el segundo desde “el 26 de marzo de 2020 al 25 de agosto de 2020 por el ordenamiento gubernamental que el propio Ejecutivo ha denominado como fuerza mayor”, en referencia a la pandemia.

El representante legal acudió al Parlamento porque la presidenta de la comisión legislativa, la diputada oficialista Kayra Harding, citó a FCC para responder un cuestionario luego de que la semana pasada la Caja del Seguro Social (CSS) anunció que iniciaba por la “vía administrativa” un proceso que debía finalizar con la extinción del contrato con la constructora por incumplimiento.

El subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, dijo por su parte ante los diputados que “los atrasos de la obra no tienen nada que ver con la pandemia, porque, a febrero de 2020 tenían que estar listas la fase 1, la fase 2 y la fase 3” del proyecto, como lo indican adendas firmadas durante el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Recordó que la empresa pidió “sin tener razón” la resolución del contrato, y que se le pidió a finales de agosto que reanudara las obras y entregara el presupuesto de unas modificaciones solicitadas por el Seguro Social para atender a pacientes de la COVID-19, algo que no ha sido respondido aunque “aún tienen tiempo” para hacerlo.

“Para los efectos de la CSS ese contrato sigue vigente y hay responsabilidades de cumplimiento que le competen a la FCC”, indicó el subdirector.

El Parlamento anunció la creación de una subcomisión “para analizar en 10 días las negociaciones e inconsistencias entre el Consorcio FCC y la Caja de Seguro Social referente a la construcción de la Ciudad de la Salud”.

UNA DISPUTA LEGAL

El director de la CSS, Enrique Lau, explicó la semana pasada que en agosto la empresa planteó la firma de un nuevo contrato luego de que la CSS pidiera la cotización de unas adecuaciones para enfrentar la emergencia de la COVID-19, lo que el ente sanitario rechazó.

FCC también “sorpresivamente” solicitó “resolver unilateralmente el contrato y con eso dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causa de fuerza mayor, incluyendo ahí lo que ha sucedido con la COVID”, lo que el ente panameño rechazó “porque el país quedaría desprotegido de cualquier reclamación”.

La constructora además presentó una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional de París con la que “pretende evitar que la CSS pudiera, en algún momento, ejercer la fianza de cumplimiento” de unos 55 millones de dólares, informó Lau.

FCC ES INVESTIGADA EN PANAMÁ Y EN ESPAÑA

En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga desde 2017 a FCC por los proyectos Línea 1 y Línea 2 del Metro, que construyó en consorcio con Odebrecht, y la construcción de tres avenidas en la capital: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, y la Domingo Díaz.

Por estos casos la Fiscalía ha pedido dos asistencias judiciales a Suiza, una a Costa Rica y otra a Países Bajos, todas estas sobre cuentas bancarias, y una a España, sobre declaraciones de un extrabajador de FCC.

Panamá recibió recientemente un pedido de asistencia judicial de España sobre información bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por FCC, investigada por la Justicia del país europeo por los presuntos sobornos por 82,7 millones de dólares entregados para obtener los proyectos de la línea 1 y 2 del Metro y la inacabada ciudad hospitalaria. EFE

Fuente: Contacto hoy