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ONU destaca “transparencia” en construcción de polémico hospital salvadoreño

San Salvador, 16 oct (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó los “altos estándares de transparencia” que una de sus oficinas aplicó en la construcción de un hospital público en El Salvador, del que el Gobierno de Nayib Bukele ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar supuestas irregularidades.

De acuerdo con la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, esta institución y UNOPS firmaron un acuerdo que contó con la autorización adecuada en 2013, pero no para los cambios que se dieron posteriormente.

La ONU, según información consultada este viernes por Efe, sostiene que el hospital del oriental departamento de San Miguel “ha sido construido y equipado con los más altos estándares de transparencia, con una infraestructura y un equipamiento médico de última generación, con tecnología de vanguardia”.

“Este proyecto se implementó con un estricto apego a los principios de transparencia, mejor valor por el dinero, la imparcialidad y competencia efectiva”, añadió la entidad.

Explicó que la construcción se dio “bajo procedimientos sobre la base de la segregación de funciones, por lo que todos los procesos de adquisiciones en UNOPS son revisados y aprobados por diferentes instancias, comités de expertos interdisciplinarios y delegaciones de autoridad correspondientes”.

Añadió que desde el 2007 los proyectos solicitados a la UNOPS ejecutan bajo el amparo del Acuerdo de Sede suscrito el 8 de febrero de 2007 entre Gobierno de El Salvador y la UNOPS, “que fue ratificado” por la Asamblea Legislativa en mayo de 2007.

“La ONU reafirma sus valores de transparencia y lucha contra la corrupción y en esta línea se encuentra trabajando de cerca con las instancias competentes del Estado salvadoreño”.

Otro de los puntos señalados por Ayala es que el acuerdo inicial fue por 59,5 millones de dólares y “progresó” a 83 millones, que con los gastos de un arbitraje internacional con la empresa constructora y otros, suma 120 millones.

Ayala añadió que las características del acuerdo fueron “lesivas” para el ISSS, dado que dejaba únicamente a esta institución financista de la obra.

“El acuerdo que se suscribió con UNOPS era ilegal porque no contó con los plenos poderes para su revisión total. Cancillería debería haber hecho una revisión del acuerdo complementario que se suscribió para haber protegido más a la institución, en ningún momento es que UNOPS se haya prestado a una acción ilegal”, acotó. EFE

Fuente: Contacto hoy

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