Nueva York. Las autoridades federales alertaron de planes de acciones violentas de ultraderechistas pro-Trump que incluyen intentos de asesinato de legisladores en torno a la transición del Poder Ejecutivo, cuando el estado mayor de Estados Unidos condenó el asalto al Capitolio como un ataque contra la democracia y reiteró su compromiso con la defensa de la Constitución contra “enemigos extranjeros y domésticos”, y la Cámara de Representantes aceleró el proceso de destitución del presidente.
La policía del Capitolio informó la noche del lunes a legisladores sobre mayores detalles de posibles acciones armadas de ultraderechistas en los próximos días, entre ellas un complot para rodear el Capitolio y asesinar a legisladores demócratas y algunos republicanos. Otra es una manifestación que declara ser “la protesta armada más grande jamás vista en tierra estadunidense”. Según legisladores en la teleconferencia, hay preparativos entre fuerzas de seguridad para enfrentar posibles combates en las calles de Washington.
En un mensaje conjunto del Estado Mayor a las fuerzas armadas que encabezan –y aparentemente a su actual comandante en jefe– condenaron la toma de la semana pasada como “una asalto directo al Congreso… y a nuestro proceso constitucional”. El mando supremo, conformado por siete generales y un almirante, agregó que “los derechos de libertad de expresión… no otorgan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección”. Aseguraron: “apoyamos y defendemos la Constitución. Cualquier acto para irrumpir el proceso constitucional no es sólo uno contra nuestras tradiciones, valores y juramento, es contra la ley”.
Proclaman que el 20 de enero “el presidente electo Biden rendirá protesta y se convertirá en nuestro 46 comandante en jefe”.
Mientras, el Congreso avanzó en el proceso de la destitución del comandante en jefe 45. Después de que el vicepresidente Mike Pence informó a la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, que no invocará la Enmienda 25 constitucional –la cual permite que el vicepresidente y una mayoría del gabinete le retiren los poderes a un presidente que consideran incapacitado o peligroso– porque considera que “no está en el mejor interés de nuestra nación”, la cámara buscará aprobar este miércoles el “artículo de impeachment”, que en esencia acusa a Trump de intentar un golpe de Estado al incitar una “insurrección” para frenar el proceso de certificación de los resultados del voto presidencial.
El informe preparado por el Comité Judicial de la cámara baja, de 74 páginas, elabora los argumentos y la justificación legal a tomar, describiendo al presidente como “un peligro claro y presente a la Constitución y nuestra democracia”.
La medida ya cuenta con la mayoría simple para su aprobación sólo con los votos demócratas. Este martes, tres republicanos –incluyendo a Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, quien ocupa el tercer rango más alto entre la minoría republicana del Congreso– han expresado que votarán con los demócratas para el impeachment de Trump.
La diputada Cheney afirmó que “nunca ha habido una traición mayor de un presidente de Estados Unidos a su puesto y su juramento a la Constitución”. Trump, añadió, “convocó a esta turba, la congregó y prendió la flama de este ataque” sobre el Capitolio el pasado día 6.
Al aprobarse se procede a lo que sería un segundo juicio político de un presidente, algo sin precedente en la historia del país. Pelosi ya designó a nueve de sus colegas que serán los encargados de presentar los cargos en el juicio ante el Senado. Para ser destituido ahí, se requiere el voto de dos tercios de los senadores; eso implica que se necesitarían además de los 50 demócratas, 17 republicanos.
Al respecto, circulan versiones de que el aún líder de la mayoría republicana (será minoría a partir del 20 de enero) Mitch McConnell ha expresado en privado que favorece el proceso de impeachment –algo que obviamente deseaba que se filtrara–, ya que eso ayudaría a reducir la influencia de Trump en el partido en el futuro.
El magnate responde
Mientras todo esto procede, el acusado no sólo rehúsa aceptar cualquier responsabilidad por lo ocurrido, sino que acusa que todo esto es culpa de otros. En algunas de sus primeras declaraciones en público desde la semana pasada, Trump afirmó ayer durante una visita a su muro en Texas, que lo del impeachment “es una continuación de la cacería de brujas más grande y despiadada en la historia de nuestro país” que está causando “tremenda ira y división y dolor”, algo que “es muy peligroso para Estados Unidos en estos momentos tan delicados”. Se atrevió a declarar que “ahora es tiempo de paz y la calma… somos una nación de leyes, y somos una nación del orden”.
Poco antes de su viaje dijo a periodistas que este ataque de los demócratas en su contra estaba causando “tremendo daño”, insistió en que su discurso a sus seguidores de la semana pasada antes del asalto al Capitolio “fue apropiado” y acusó que las manifestaciones y protestas en torno a la justicia racial del año pasado son “el problema real” en este país.
También se quejó de que la libertad de expresión “está bajo asalto como nunca antes”; pero son quejas huecas de un presidente que ha atacado más que cualquier otro a los periodistas y la libre expresión al calificarlos de “enemigos del pueblo”, y también por tratar de enjuiciar a Julian Assange bajo el Acta de Espionaje.
Secuelas de un golpe fallido
Por otro lado, avanzan las investigaciones criminales encabezadas por la FBI y fiscales federales contra participantes en el asalto al Capitolio que afirman haber sido convocados por el presidente para emprender dicha acción y defenderlo. La FBI ya ha abierto más de 70 casos, pero el total serán cientos. Los delitos incluyen desde robo y desorden civil hasta sedición y conspiración, posesión ilegal de armas y explosivos, así como ataques contra agentes de seguridad pública.
Varios de los que están bajo investigación han sido colocados en las listas de quienes tienen prohibido viajar en avión, otros permanecen encarcelados o están bajo vigilancia electrónica. Algunos oficiales de policía que participaron han sido suspendidos.
Y parece que Trump y sus representantes ya no son “persona grata” en el extranjero. El secretario de Estado, Mike Pompeo, canceló su viaje a Europa de último momento luego de que altos funcionarios europeos, incluido el canciller de Luxemburgo, rehusaron reunirse con él, reportó Reuters.
Por otro lado, Deutsche Bank, el último banco mayor que continuaba otorgando crédito al presidente en su capacidad de empresario, romperá relaciones con Trump y su empresa como resultado de la intentona de la semana pasada, reportaron el New York Times y Politico. El magnate tiene una deuda de más de 300 millones de dólares con ese banco.
Por otro lado, Signature Bank en Nueva York anunció que está cerrando las cuentas personales de Trump y solicitando su renuncia; el banco también advirtió que ya no hará negocio con cualquier legislador cómplice del magnate.
Y para colmo, y supuestamente lo que más le dolió a Trump en estos días, la asociación profesional de golf PGA canceló su torneo de campeonato en el club exclusivo de Trump en Nueva Jersey como consecuencia de los incidentes de la semana pasada en Washington.
Fuente: La Jornada