Santiago. La Fiscalía de Chile formuló cargos penales por “homicidio simple” en contra del sargento segundo de Carabineros que, el pasado viernes 5, disparó en seis ocasiones hasta dar muerte al artista callejero Francisco Martínez Romero (27 años), en la ciudad de Panguipulli, 800 kilómetros al sur de Santiago, cuando este se resistió a un “control de identidad” y se abalanzó contra el policía blandiendo los machetes con que realizaba sus actos de malabarismo.

Según el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, el sexto disparo -que resultó ser mortal al penetrar en el corazón de la víctima- no se requería porque fue percutado cuando Francisco Martínez yacía en el piso herido, de modo que fue “un disparo innecesario (…) que excede la necesidad racional para repeler la agresión”.

El fiscal relató que el malabarista -cuyos funerales se efectuaron este lunes en Santiago- resultó con siete heridas, cuatro por ingreso de proyectiles en diferentes partes del cuerpo y tres por orificios de salida.

Debieron transcurrir tres días desde el crimen y múltiples protestas sociales, algunas de gran violencia como la quema de diez edificios municipales y gubernamentales en Panguipulli, para que el presidente Sebastián Piñera rompiera su silencio al respecto, obviamente lamentándolos y respaldando a Carabineros que alega “legítima defensa” y defendiendo el controversial “control de identidad”: aquella facultad arrogada a la policía que sin expresión de causa puede forzar a cualquiera en la calle mayor de 14 años a identificarse, so pena de ser arrestado por negarse a ello o por no portar la cédula.

Pero los fatídicos sucesos pusieron una vez más bajo el foco la habitual violencia con que actúa la policía militarizada chilena, particularmente con los jóvenes, y la necesidad urgente de una reestructuración y/o refundación para la desacreditada organización, que ha visto desaparecer la aprobación superior a 60 por ciento de que gozaba a cerca de la mitad ahora e incluso hasta 17 por ciento.

“Desde el estallido social de 2019 en adelante, la sensación principal es que hay una institución que nadie la gobierna, que hace lo que se le da la gana, que justifica las cosas como quiere y que finalmente siempre corta los problemas por la parte más débil, que en este caso sería el sargento segundo, que quede como que él se equivocó, cometió un error y chao. Es lo que hace que se pierda la confianza”, dice Lucía Dammert, socióloga, académica de la Universidad de Santiago, experta en temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina.

Respecto del control de identidad, señala que “hay un uso descontrolado de esta herramienta que ha llevado a que se fiscalice permanentemente a personas que no están vinculadas a hechos delictuales”.

“Ha pasado de dos millones de controles anuales a más de cinco millones en 2020 y ahora podríamos llegar a siete millones. Es un problema que traerá cada vez más niveles de violencia. Y en este caso específico, tenemos una tormenta perfecta: es probablemente un joven que tiene una relación distante con la policía, que no confía en ella, que se enfrenta y una policía que en el marco del procedimiento en pleno centro de la ciudad no responde bien cuando lo hieren, sino que se van, ni siquiera llaman a una ambulancia, nada”, analiza.

“Aquí resultan expuestas una vez más las falencias internas, de los procedimientos, de los controles, de los protocolos, de los códigos de silencio; problemas que visibilizan lo poco que se ha hecho desde octubre de 2919, realmente muy poco, porque el poder político se acuerda de los temas de seguridad cuando hay escándalos”, agrega.

Dammert precisa que si bien la confianza en Carabineros ha sido históricamente en promedio alta, cae en los sectores populares y más aún entre los jóvenes “porque es con ellos donde se ejerce mayor nivel de discrecionalidad”. Esa confianza merma porque en los últimos años la respuesta frente a temas delictuales es cada vez menor, a la vez que crecen las denuncias de corrupción puntuales que después se convierten en sistemáticos e institucionales y también por la percepción constante del uso excesivo de la fuerza.

Carabineros se ha convertido en foco de la rabia ciudadana porque “es efectivamente una autoridad violenta”, por la incapacidad que tienen de reconocer errores y “porque finalmente la política no los gobierna”.

La tarde del lunes se conocía otro hecho trágico relacionado con Carabineros: un joven que el fin de semana fue detenido en el marco de un control de identidad y arrojado a un calabozo en una comisaría en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, fue encontrado muerto al interior de la celda, supuestamente suicidado por ahorcamiento.

Fuente: La jornada