Ciudad de México, 12 feb (Sputnik).- Un proyecto de reforma constitucional para la eliminación de órganos autónomos del Estado mexicano, que requiere una mayoría calificada del Senado en votación presencial, plantea el riesgo de una posible regresión, afirman defensores de su papel como garantes del equilibrio de poderes.

El proyecto para eliminar a decenas de entes autónomos con el argumento de que son muy costosos e ineficaces, que estudia la bancada oficialista antes de su presentación formal, “es una señal ominosa”, dijo a Sputnik la experta en políticas anticorrupción y derechos humanos Mariclaire Acosta Urquidi.

LOS EJES DEL DEBATE

La especialista, que presidió durante el periodo 2018-2019 el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA, federal), señaló que ese tema se instaló en el Congreso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en calificar a los entes autónomos como “simulaciones” que cuestan mucho dinero al erario.

Si se eliminan esas entidades, construidas durante décadas de la prolongada transición para dejar atrás la era del presidencialismo autoritario mexicano, “sería un atentado a la democracia, porque cada uno de estos organismos significa un contrapeso al poder político del ejecutivo federal, defienden y protegen derechos”, sostuvo la experta.

Con una carrera de cuatro décadas en el movimiento de derechos humanos, incluidos organismos del sistema internacional, Acosta Urquidi explicó que el SNA es un ejemplo de un complejo y prolongado proceso “hacia la rendición de cuentas, la fiscalización y la transparencia, que incorpora la lucha ciudadana contra la corrupción”.

Estimó como “una incongruencia muy grande” que el líder del oficialismo en el Senado, Ricardo Monreal, presente una iniciativa de ley para otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre las redes sociales, y a la vez prepare otra iniciativa para abolir ese instituto como entidad autónoma.

Por otro lado, señaló que “atentar contra otro organismo como el Instituto Nacional Electoral sería una regresión autoritaria brutal”.

Advirtió además que eliminar esa instancia central en la transición democrática mexicana “sería volver a los tiempos en que la Presidencia regulaba los procesos electorales, o que el Congreso califique los comicios, como se hacía en la era del presidencialismo todopoderoso”.

DISCURSOS Y ACCIONES

En suma, acabar con los entes públicos autónomos “sería echar por la borda al menos cinco décadas de reformas que beneficiaron liderazgos opositores, incluido el del actual presidente”, López Obrador, que ganó en su tercer intento.

Acosta Urquidi, fundadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en la década de 1980 y expresidenta del capítulo mexicano de Amnistía Internacional, señaló que “sería demencial eliminarlos y una gran regresión, porque el discurso anticorrupción del ejecutivo no reemplaza las medidas concretas necesarias contra ese mal”.

Ilustró que la institucionalidad construida durante años en el SNA “articula los esfuerzos concretos y no los discursos, que no dejan de ser importantes, pero las arengas no tienen peso en la realidad si no se acompañan de acciones concretas contra la corrupción”.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN RIESGO

Como otras entidades autónomas, el sistema anticorrupción del Estado mexicano está compuesto por representantes de los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, liderados por un Comité de Participación Ciudadana, que presidió Acosta Urquidi.

Después de una prolongada y frágil negociación en el Congreso, “es el resultado de por lo menos dos décadas de diferentes esfuerzos y luchas ciudadanas”, reseñó.

Citó como ejemplo la batalla para abolir la “partida secreta” presidencial del presupuesto federal, en tiempos del entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).

Otras reformas jurídicas ocurrieron en 2017 para obligar a todos los funcionarios federales a presentar sus declaraciones patrimoniales y evitar posibles conflictos de intereses.

La propuesta fue elaborada por el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción y en 2022 será obligatoria para todos los integrantes del Gobierno.

Hay instancias pendientes que no han sido establecidas por los complejos equilibrios en el poder legislativo mexicano, que padeció una parálisis dos décadas, cuando ninguna fuerza política lograba la mayoría calificada requerida.

Explicó que una de sus mayores debilidades es la inexistencia de un sistema nacional de fiscalización, por desacuerdos en la nominación de magistrados y del fiscal anticorrupción.

Sin embargo, durante el mandato de Acosta Urquidi fue aprobada una Política Nacional Anticorrupción, que esta semana fue “adoptada como referencia” por la actual Secretaría de la Función Pública, que depende del presidente.

La iniciativa para eliminar algunos organismos autónomos plantea que su estructura se integre a las secretarías de Estado del Gobierno federal.

En el plano internacional, los riesgos de ese proyecto son costosos, porque incumpliría obligaciones de México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) de libre comercio.

El pacto norteamericano obliga al Estado mexicano a actuar apegado a derecho y evitar “actos discriminatorios, ilegales, arbitrarios o caprichosos”.

El propósito de los reglamentos del tratado es evitar prácticas anticompetitivas, promover la transparencia, la independencia e imparcialidad en la actuación de las entidades autónomas. (Sputnik)

Fuente: Contacto hoy