Ciudad de Guatemala, 19 abr (EFE).- Una sentencia condenatoria a un generador de bots en redes sociales, que amenazó a un operador de justicia, ha sentado un precedente en el ámbito virtual en Guatemala, donde se libran batallas de desinformación y manipulación.

La víctima de las amenazas, el abogado Leopoldo Zeissig, aseguró en una entrevista con Efe que la sentencia “es importante porque sienta un precedente” en este tipo de delitos virtuales y contra operadores de justicia, pues Zeissig era en aquel momento, en 2019, mandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El sentenciado es Rolando Moisés Pérez, un trabajador de un municipio adyacente a la Ciudad de Guatemala, que fue condenado el pasado 8 de abril a doce años de prisión tras amenazar por medio de mensajes privados a Zeissig. El Tribunal Noveno de Primera Instancia Penal decretó la culpabilidad de Pérez por los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

La condena, afirma Zeissig, puede “abrir la puerta a que hayan otros casos”, en un país donde los llamados “netcenter” (red de cuentas automatizadas para manipular la opinión pública en redes sociales) han cobrado relevancia en el ámbito social y político.

“Si esto (una amenaza) es fruto de la opinión de un tercero, está en su derecho de poderlo decir, porque seguimos en una democracia y tiene que haber un libre juego de ideas y de pensamientos”, explica el abogado, ahora litigante independiente.

“Pero cuando sobrepasamos esa barrera y entendemos que esto está siendo instrumentalizado es cuando se debe llamar la atención”, enfatiza Zeissig, exmandatario de la Cicig, una entidad de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala que entre 2014 y 2019 imputó a más de 200 personas por corrupción, incluidos presidentes, ministros y empresarios de alto peso.

Zeissig también fue fiscal especial del caso del magnicidio del monseñor Juan Gerardi en 1998 por el que fueron condenados tres militares y un sacerdote.

UNA AMENAZA DIRECTA

El abogado recuerda el mensaje que recibió en junio de 2019 en medio de una audiencia de un caso investigado por la Cicig y el Ministerio Público sobre financiación ilegal al entonces partido de Gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó al comediante Jimmy Morales a gobernar a Guatemala entre 2016 y 2020.

Era un SMS, un mensaje de texto, que “evocaba varias cosas. Una, la amenaza directa a mi persona. Luego, indicar que ese mensaje provenía de un grupo paramilitar que en Guatemala llamábamos escuadrones de la muerte en época del conflicto armado interno que se llamaba Jaguar Justiciero y, aparte de eso, decía que tenía controlada a mi familia, a mis hijos”.

El abogado de la Cicig sabía bien qué significaba el Jaguar Justiciero, pues “en otra época, como abogado, hice otro tipo de investigaciones y lo que puedo decir es que entendí perfectamente el mensaje y las implicaciones que podría tener”.

El Jaguar Justiciero era uno de los llamados escuadrones grupos paramilitares clandestinos anexos al Ejército de Guatemala que realizaron múltiples ejecuciones extrajudiciales a oponentes a los regímenes de facto durante los años del conflicto armado (1960-1996) con la guerrilla.

El enfrentamiento armado interno dejó un saldo de al menos 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, así como un millón de desplazados de manera forzada, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por las Naciones Unidas y que señaló al Ejército y grupos paralelos de haber sido responsable de un 93 % de los crímenes.

La Fiscalía y Zeissig lograron probar, con los medios técnicos y de prueba presentados ante el juzgado donde se emitió la condena, que durante las amenazas fueron “activadas antenas” de espionaje, “una que estaba a 100 metros de mi casa y otra que estaba a 100 metros de la casa de mis suegros, que era donde estaba mi familia”, precisa el abogado.

Agrega que “el mensaje estaba claro, o estaban cerca de mi casa o de la casa de mis suegros”, una situación “muy complicada”, asegura el jurista.

LOS “NETCENTER”

El proceso contra Rolando Moisés Pérez comprobó que durante un período de tiempo manejó varias cuentas de Twitter y estuvo haciendo una serie de acoso y difamación contra operadores de justicia, como Leopoldo Zeissig.

En uno de los allanamientos a Pérez le fue incautado un teléfono móvil, donde tenía una cuenta de Twitter abierta, además de fotos de los seguimientos que hacía, un extremo “suficiente para determinar quién había enviado esos mensajes”, subraya el abogado.

Según Zeissig, la actividad de los llamados “netcenter” excede a la libertad de expresión, pues “ya no son simples mensajes de opinión, sino de desinformación que son estructurados y que responden a intereses políticos”.

En mayo de 2019, la propia Cicig publicó un informe titulado “Bots, Netcenters y Combate a la Impunidad”, en el que aseguraba que estos grupos organizados buscan “mediante el descrédito a ciertas personas desacreditar las investigaciones de casos vinculados a corrupción que están debidamente fundadas”.

Estos grupos anónimos usan múltiples cuentas falsas o no en redes sociales para replicar un relato construido a nivel central, y los bots, programas informáticos que elaboran tareas (o información) repetitiva en internet, crean tendencias de opinión que no necesariamente representan la opinión real de la población, indicó entonces la Comisión, que finalmente fue expulsada del país en 2019 por ordenes del exmandatario Morales. EFE

Fuente: Contacto hoy