“Los crímenes responden a una política generalizada del Gobierno chileno, a cuyo frente está Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses”, aseveró Garzón, cuya fundación envió el jueves a La Haya (Países Bajos) una solicitud de investigación junto a diversas organizaciones chilenas y europeas.

El texto, al que tuvo acceso Efe, también señala a los colaboradores “civiles y militares” de Piñera como autores de estos presuntos crímenes, cometidos a finales de 2019, durante el denominado “estallido social” que vivió el país, con masivas marchas que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

La crisis social, la más grave que vivió Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo que se extendió durante un año.

Las protestas dejaron episodios de violencia extrema con saqueos e incendios, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

También firman la petición la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe determinar si tras esta denuncia abrirá un examen preliminar y una posterior investigación, un proceso que se podría alargar durante años.

EVITAR LA IMPUNIDAD

En palabras de Garzón, durante la eventual investigación será clave la complementariedad entre la Justicia internacional y la chilena ya que “hasta ahora lo que habido es impunidad” y no “una investigación efectiva” de los crímenes.

Según los denunciantes, muchos delitos cometidos durante el denominado estallido social fueron “fraudulentamente” calificados “para favorecer su posterior impunidad” y sus investigaciones han sufrido “demoras injustificadas”.

El presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, afirmó que se abrieron más de 11.000 investigaciones a raíz de la crisis social, y más de 6.300 fueron concluidas sin determinación de responsables.

“Homicidios, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias y actos inhumanos causaron daño intencional a miles de habitantes (…). No podemos permitir la impunidad”, agregó Margotta.

Piñera, un conservador que accedió al cargo en 2018 para un segundo periodo, ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y si bien se refirió a los abusos policiales al comienzo de las protestas como “casos aislados”, casi dos meses después del estallido reconoció que hubo “atropellos a los derechos humanos”.

El mandatario se comprometió a reformar el cuerpo policial de Carabineros, el más señalado durante las marchas y cuyo director general dimitió tras varios incidentes, y al menos dos de sus ministros de Interior fueron suspendidos por el Parlamento.

Otras voces del Gobierno también han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos en las manifestaciones, pero negaron “categóricamente” cualquier planificación del Gobierno o la Policía para que eso ocurriera, tal y como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en una entrevista con Efe el pasado diciembre. EFE

Fuente: contacto hoy