En el mismo caso se apuntaron los nombres de Ismael “G”, José Manuel “G” y José Ramón “C”, al parecer familiares del gobernador.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que entre las posibles responsabilidades penales de los señalados, y de diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, están las “vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

Las cuales, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente.

La institución indicó que la investigación se conformará con las diligencias que llevarán a cabo tanto la Fiscalía, como las autoridades respectivas, para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.

El pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero de García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.

El 30 de abril, el Congreso federal aprobó la solicitud de la Fiscalía de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el derechista Partido Acción Nacional (PAN) tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.

Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

El caso genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones de personas están llamadas a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos.

García Cabeza de Vaca, elegido de 2016 a 2022, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. EFE

Fuente: Contacto Hoy