Este año, el pago total del Reparto de Utilidades que por ley corresponde a los trabajadores se puede convertir en un desafío debido al impacto económico, como producto de la pandemia. “Muchas empresas no repartirán, o lo harán en menor medida por la disminución de sus ingresos”, señaló Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).

Las empresas, sin embargo, sí están obligadas a mostrar cuál es su utilidad, para a partir de ello, transparentar el pago. De acuerdo con el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, “el Porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

“Si no hay utilidades que repartir, porque hay pérdida, de todas maneras los trabajadores deben tener acceso a esta información, y si no están de acuerdo con ello, pueden presentar un recurso de inconformidad”, agregó el directivo.

El presidente del CEEF adelantó que puede visualizarse un desafío mayor, pero hasta 2022, año en el que cual se presentarán los cambios con respecto a la entrada en vigor de la Reforma de la Subcontratación, que impactó en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Con la Reforma a la Subcontratación, se crearán dos modalidades para el cálculo del reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

El presidente del CEEF refirió que inmersos en un contexto de crisis financiera, la recomendación es que las empresas que no cuenten con el capital suficiente, puedan negociar convenios con sus trabajadores o con la comisión mixta, a la cual debe integrarse cada empresa -conformada por igual número de representantes de trabajadores y de la parte patronal-.

“Esta negociación con los trabajadores puede prevenir sanciones con la ley, que pueden ir de los $20,000.00, hasta más de $400,000.00 por incumplimiento”, agregó.

El directivo del CEEF reiteró que el reparto de utilidades se aplica a todas las personas, tanto físicas como morales, con una base gravable. Ante ello, instó a que se revisen las leyes que le dan sustento, y a que las autoridades vigilen que las contabilidades sean claras y fidedignas, además de que supervisen que sea cierto cuando las empresas reporten no haber tenido utilidades durante el año.

Fuente: Contacto hoy