El 21 de abril pasado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP-Fiscalía) pidió el retiro del derecho de antejuicio en contra de Morales, diputado al Parlamento Centroamericano, por los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución en 2017.
La Fiscalía consideraba que era necesario investigar al expresidente guatemalteco por haber expulsado del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual se instaló en 2007, enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), y contribuyó a desmantelar redes de corrupción, una de ellas liderada por el exmandatario Otto Pérez Molina (2012-2015), en prisión.
Por mayoría, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, sin entrar a conocer el caso, rechazó el retiro de la inmunidad a Morales, quien desde que dejó el alto cargo en enero de 2020 pasó a ser de forma automática diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), que tiene su sede oficial en Guatemala.
LO SUCEDIDO EN 2017
Luego de retornar de un viaje de Nueva York, el 27 de agosto de 2017 a través de un mensaje a la nación de madrugada, el entonces mandatario guatemalteco declaró “non grato” al jefe de la CICIG y ordenó su expulsión del país por salirse de su mandato.
Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país centroamericano frenó la decisión presidencial.
El anuncio de Morales se hizo dos días después de que la Cicig y el Ministerio Público pidieron su desafuero por supuestamente haber cometido el delito de financiación electoral ilícita para el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que lo llevó al poder.
La Cicig y el Ministerio Público también habían imputado en 2016 y 2017 a un hijo de Morales y a un hermano del presidente en un caso por corrupción en una entidad estatal, a la que supuestamente presentaron facturas falsas.
Fue hasta septiembre de 2018 que, aprovechando una salida a Estados Unidos, el Gobierno del presidente Morales impidió el ingreso a Guatemala de Velásquez bajo el argumento de “seguridad pública”.
Además, Morales anunció ese año que ya no renovaría el mandado de la Cicig, el cual se cumplió en septiembre de 2019, por injerencia de su comisionado en asuntos internos.
La Cicig al mando de Velásquez imputó y condenó por corrupción entre 2014 y 2019 a más de 250 personas entre ministros, diputados, funcionarios, vicepresidentes, presidentes y expresidentes, además de empresarios de alto nivel. EFE
Fuente: Contacto hoy
