La entidad gremial aseguró que tanto la familia del exdirector del Centro de Gobierno Luis Miguel Martínez Morales, del círculo cercano al presidente Alejandro Giammattei, como la dirección de comunicación del Congreso, usaron recientemente “denuncias espurias” penales contra los periodistas de investigación Sonny Figueroa y Marvin del Cid.

“Estas demandas, en las que se alega ‘violencia contra la mujer’, constituyen una respuesta represiva a las publicaciones realizadas en las últimas semanas por Figueroa y del Cid”, lamentó la APG en un comunicado.

Figueroa y del Cid, fundadores de los medios locales Vox Populi y Artículo 35, han elaborado en conjunto investigaciones periodísticas sobre el círculo allegado al mandatario guatemalteco y han expuesto los alcances del exfuncionario Miguel Martínez y de la posibilidad de que su familia viva presuntamente en propiedades adquiridas a través de terceros con dinero público.

Además, ambos periodistas evidenciaron semanas atrás cómo la directora y el subdirector de comunicación del Congreso, Joselyn Mérida y José Fernando López, respectivamente, orquestaron una campaña de desprestigio en contra de un diputado de oposición y del ombudsman, Jordán Rodas, bajo la instrucción de la junta directiva del Organismo Legislativo.

DENUNCIAS PENALES CONTRA LA PRENSA

La madre y la hermana de Martínez, María Luisa Morales y Claudia Ivón Martínez, denunciaron la semana pasada a Figueroa y del Cid por supuestos actos de coacción y violencia en contra de la mujer, en su manifestación psicológica.

Mérida, por su parte, también señaló ante el Ministerio Público a los periodistas de cometer supuesta violencia en su manifestación psicológica a su persona.

La Asociación de Periodistas esgrimió que ambas denuncias encuadran en “actos de criminalización” que ocurren “en un escenario complicado para la defensa de los derechos humanos”.

Además, por su presunta responsabilidad en la campaña de desprestigio al ombudsman y al diputado opositor, la APG instó al Congreso a destituir de manera inmediata a Mérida y López, pues “como funcionaria y como periodista profesional la directora de comunicación debe recordar que está expuesta al escrutinio público y a la fiscalización de la prensa”.

También, la organización periodística alertó a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos del ” convulso momento que atraviesa Guatemala, que podría traducirse en una mayor persecución, asesinato, desplazamiento forzado o exilio de periodistas y otros defensores de derechos humanos”.

Según un informe de la organización no gubernamental Artículo 19, que defiende la libre expresión y el acceso a la información en México y Centroamérica, en Guatemala hubo 820 denuncias por amenazas y coacciones contra periodistas entre 2011 y 2020.

En el mismo período de tiempo, agregó Artículo 19, se reportaron 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 lesiones graves, culposas y leves contra periodistas en el país centroamericano. EFE

Fuente: Contacto Hoy