Zacatecas. El líder comunitario Roberto de la Rosa de Ávila, delegado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, quien durante más de 15 años ha encabezado la lucha de su comunidad contra la Minera Ocampo – Tayahua, de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, hizo pública su preocupación por el reciente asesinato de defensores del territorio en México, y el riesgo que él que mismo se siente ahora.
Junto con decenas de habitantes de Salaverna, De la Rosa de Ávila se han opuesto a la minera de Slim, que los ha presionado, sobre todo durante la última década, con el apoyo de los gobernadores priístas, Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, para que abandonen sus viviendas.
En la región las casas fueron quedando solas y derribadas totalmente, para poder cambiar el método de explotación de esa mina, de subterránea, a cielo abierto. Muy pocos han sido los habitantes que han resistido al acoso y amenazas de los directivos mineros. Ya no quedan ahí más de seis familias.
En este contexto, en un comunicado difundido en su cuenta personal de Facebook –el 8 de julio-, el líder de 70 años de edad externó su “repudio a la impunidad, pues disimular y omitir, es complicidad: en siete meses van catorce defensores asesinados (en el país), opositores a proyectos mineros, hidroeléctricas y mega proyectos causantes de despojo y daños al medio ambiente”.
Pero además, el defensor del territorio y el medio ambiente advirtió que “esto me pone en alerta, porque en Salaverna, Carlos Slim sigue con el plan de (convertir su mina subterránea), en mina a cielo abierto y nosotros le estorbamos, por eso denunció públicamente que en caso de ser asesinado, culpes a Carlos Slim”.
Asimismo, acusó a otra compañía minera “vecina”, también ubicada en el municipio de Mazapil, la mina Peñasquito, propiedad de la estadunidense Newmont, de presionar a seis compañeros para quitarles sus derechos corporativos, así como el fideicomiso que le corresponde a los trabajadores, por el contrato por la renta de tierras de uso común para la minera, que incitó a la asamblea ejidal a que no se dé lo que nos corresponde.
“También en caso de pasarme algo, el problema con el ejido está en el Tribunal Unitario Agrario hay una sentencia a nuestro favor, pero no se ha ejecutado y el tribunal cada vez hace más largo el proceso. Igual pasa en la Fiscalía (del Estado), se denunció por administración fraudulenta y ya han pasado siete meses y no hay avances ante un delito comprobado”, explicó.
Así está la situación en Mazapil, donde “esto es lo que traen las mineras, socorren a muy pocos quiénes les ayudan, y despojan y criminalizan a quiénes se oponen a la destrucción del territorio. Nunca callaremos porque la vida y la salud no se negocian”, advirtió el líder campesino.
Fuente: La Jornada
