AP.- La administración del presidente Joe Biden, a través del Departamento de Justicia, pidió este lunes a la Suprema Corte que bloquee la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, mientras que la lucha por la constitucionalidad de la medida se desarrolla en los tribunales.
La ley entró en vigor desde septiembre, además de la pausa que ordenó un tribunal de distrito -que duró sólo 48 horas-, y que prohíbe los abortos una vez que se detecta la actividad cardiaca, lo que ocurre en promedio a las seis semanas de gestación, y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.
El Departamento de Justicia pidió al tribunal superior que levante la orden impuesta por un tribunal federal de apelaciones federal, de corte conservador, la cual permitió que Texas aplique las reglas más estrictas del país en materia de aborto. La ley fue redactada para dificultar su impugnación en el sistema judicial federal.
La ley de Texas desafía las principales decisiones de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto ”al prohibirlo mucho antes de que sea viable, de hecho, antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas”, escribió el Departamento de Justicia en su alegato ante la Corte.
La administración también planteó la posibilidad de que se revise por completo la ley de Texas y dictaminar sobre su constitucionalidad.
La posibilidad de que otros estados adopten medidas similares justifica la intervención de la máxima autoridad judicial del país, argumentó la administración. El tribunal superior ordenó a Texas responder antes del jueves a mediodía.
No está claro si la administración de Biden tendrá éxito en este esfuerzo, ya que la Corte actualmente está compuesta de mayoría conservadora, en especial por los tres magistrados designados por el expresidente Donald Trump.
Las personas designadas por Trump, junto con otros dos conservadores, ya rechazaron en una ocasión la petición para suspender la ley, en una demanda separada presentada por proveedores de servicios de aborto.
Si bien los tribunales han bloqueado otras leyes estatales que prohíben efectivamente el aborto antes de que un feto pueda sobrevivir fuera del útero, aproximadamente alrededor de 24 semanas.
Hasta ahora, la ley de Texas ha evitado un destino similar debido a su estructura única que deja la aplicación de la ley en manos de la iniciativa privada, en lugar de a los funcionarios estatales. Cualquiera que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la ley tiene derecho a reclamar al menos 10 mil dólares en daños.
En la votación de 5 a 4 del mes pasado para permitir que la ley permanezca en vigor, el tribunal superior reconoció en una orden no firmada que había ”serias cuestiones con respecto a la constitucionalidad de la ley de Texas”, pero también cuestiones de procedimiento ”complejas y novedosas” sobre quién demandar y si los tribunales federales tenían la facultad de impedir que se hiciera cumplir la ley.
En una opinión disidente, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts escribió que habría suspendido la ley ”sin precedentes” para que la corte pudiera considerar ”si un estado puede eludir la responsabilidad por sus leyes” al traspasar la aplicación. Los tres jueces liberales del tribunal también discreparon.
La pregunta ahora es si la presencia de la administración en la nueva demanda marcará una diferencia. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU dio su respuesta el pasado jueves por la noche, extendiendo su orden anterior que permite que la ley permanezca en vigor.
Texas buscó ayuda de la corte de apelaciones después de que el juez de distrito de los Estados Unidos, Robert Pitman, dictaminó que el Departamento de Justicia tenía la capacidad de demandar y la autoridad para impedir que se hiciera cumplir la ley, y escribió: “Se ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas en formas que están protegidas por la Constitución”.
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE “LATINUS”.
