México, 10 jun (EFE).- Las distintas asociaciones de empresas energéticas de México aseguraron este miércoles que 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos están en riesgo en el país por los recientes cambios legales ejecutados por el Gobierno.
Según la información difundida, el acuerdo publicado el mes pasado por la Secretaría de Energía en el que el nuevo criterio prioritario de despacho pasaba a ser el de confiabilidad, en vez del precio más competitivo, “potencialmente impacta a todos los proyectos privados en el sector”.
Esa afirmación se traduce, según el comunicado, en poner en riesgo 260 proyectos de generación que ya operan, 56 proyectos en pruebas y 130.000 planes de generación distribuida, además de esos 81.500 empleos y 44.000 millones de dólares de inversión ejercida en todos los estados del país.
De cara al futuro, en el periodo 2021-2033, las asociaciones estimaron un riesgo para 24.000 millones de dólares en inversiones complementarias, además de 113.000 puestos de trabajo vinculados a ellas.
La iniciativa privada denuncia afectaciones a la competencia desde principios de mayo por dos acuerdos energéticos controvertidos, el referido de la Secretaría de Energía y un acuerdo previo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
El Cenace limitó desde el 1 de mayo la generación de energías renovables y prohibió la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que desató una batalla legal.
Detrás de estos cambios normativos, según el sector, se esconde la voluntad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de intentar potenciar a la endeudada petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la también pública Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el último episodio de ese enfrentamiento entre sector público y privado, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró este martes que existe un “mercado negro” de la energía amparado en el auto abastecimiento que le cuesta a la empresa estatal 7.600 millones de pesos anuales (unos 350 millones de dólares).
Ante esas acusaciones, este miércoles la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) emitió un comunicado recordando que el abastecimiento autónomo “es un modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas y reconocido por tratados internacionales, con parámetros públicos y transparentes”.
“De forma sistemática, la CFE y las autoridades han criticado e intentado desvirtuar cualquier modelo de contratación eléctrica que compita con la generación por plantas de la CFE”, aseguran los industriales, convencidos de que “el desprestigio de la ley debilita el Estado de derecho”. EFE
Fuente: Contacto hoy
