Ciudad de México. Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, invadió atribuciones exclusivas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al decretar que un tramo carretero de la entidad y su plaza de cobro pasarán a ser propiedad de la entidad, por ende se le denunciará por afectar las vías de comunicación, informaron la dependencia y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Ya se iniciaron las acciones correspondientes para que Capufe tome posesión y administración de la caseta de cobro y tramo carretero tomada por el gobernador; además que se denunciará por daño, interrupción y deterioro de la autopista, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Vías Generales de Comunicación, advirtió la dependencia federal.

El 7 de julio, Bonilla Valdez acudió a la plaza de cobro 34 “Playas de Tijuana” de la Autopista Tijuana-Ensenada acompañado de Guillermo Ruíz Hernández, fiscal general de la entidad, y anunció que por vía de un decretó hará que caseta y tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasen al gobierno de Baja California.

Al momento de “expropiar” la caseta, Bonilla Valdéz –también identificable por su intento de amarrarse a la gubernatura no dos años por los que fue elegido, sino cinco- dijo resolvió que al ahora ser propiedad del estado de Baja California, el gobierno local se encargará de mantener y conservar el tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.

Además, entregó a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Municipal de Tijuana posesión de la instalación de la caseta de cobro y tramo, para evitar actos delictivos.

“Viola la Constitución y diversas leyes federales” dijeron expusieron Capufe y SCT, dado que sólo esta última puede otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

Fuente: La Jornada