El diputado David Ramos Zepeda presentó la iniciativa de reformas a la
Constitución Política del Estado, con la finalidad de proteger la actividad económica
de la entidad mediante estímulos fiscales y apoyos financieros cuando se vea
afectada por crisis, contingencia sanitaria o factores de cualquier otra naturaleza,
con la finalidad de preservar el empleo de los duranguenses y se pueda lograr una
recuperación integral y sostenida.
“Con una actividad productiva garantizada, tendremos trabajos seguros; con
trabajos seguros, tendremos capacidad adquisitiva afianzada; con una capacidad
adquisitiva afianzada resulta accesible la vida digna a que todos tenemos derecho”,
precisó al realizar la ampliación de motivos durante la sesión de la Comisión
Permanente.
Comentó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que el Estado tiene la obligación de proteger y alentar la actividad económica,
además de proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional a través de diferentes
vertientes.
“Si bien es cierto es permanente el desafío que representa para cada colectividad
el que la actividad económica se mantenga en óptimas condiciones; no menos

cierto es que ese reto se torna aún más grande en tiempo de crisis o de excepción
como el que en los últimos meses hemos vivido”, puntualizó el legislador.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que el acceso a una vida
digna, siendo un derecho del más alto rango y protegido por la máxima normativa
del país y tratados internacionales, se encuentra directamente relacionado con la
actividad económico-productiva de los Estados, por lo que la seguridad de un
trabajo debidamente remunerado es causa indispensable para que todo ciudadano
tenga la capacidad de acceder a ese nivel de vida que satisfaga sus requerimientos
y que le provea de los recursos necesarios para el desarrollo digno de su diario
vivir.
En este sentido, comentó que, en materia de educación, salud, justicia y
económica, se debe mantener la línea que marca nuestra Constitución Federal y
contar con programas que apoyen la infraestructura