San Salvador, 7 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador citó al presidente del país, , y al titular del Legislativo, Mario Ponce, a una audiencia para analizar si la ley de reconciliación, destinada a tratar los crímenes del conflicto armado (1980-1992), cumple con una sentencia de 2016.
De acuerdo con una resolución dada a conocer este miércoles, la audiencia oral, que inicialmente estaba programada para el 13 marzo pasado, se llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 09.00 hora local (16.00 GMT).
También han sido convocados “los demandantes en cada uno de los procesos acumulados”, los abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) “que fueron admitidos en carácter de amigos del tribunal” y su director, José María Tojeira.
Además, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el fiscal general, Raúl Melara, el titular de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
La finalidad de la audiencia, según el documento, es “evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones de seguimiento citadas por parte de la Asamblea Legislativa y demás autoridades obligadas a su acatamiento”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Sin embargo, el Congreso aprobó el pasado 25 de febrero una polémica ley de reconciliación nacional que ha sido rechazada por las víctimas del conflicto armado, por ONG que las apoyan y por organismos internacionales, y la han catalogado como una “amnistía disfrazada”.
Dicha ley ya fue vetada por el presidente Bukele y regresó a la Asamblea Legislativa para una nueva votación para superar el veto.
La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.
La anulación de la ley de amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó en 12 años unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos. EFE
Fuente: Contacto hoy
